La situación del sistema de salud en Paraguay ha sido objeto de críticas por la gestión de la ministra María Teresa Barán, marcada por un conflicto constante con los gremios médicos. En lugar de fomentar el diálogo, la ministra ha descalificado a las organizaciones como el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) y el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), alegando que no representan a todos los profesionales.
Desde el 24 hasta el 28 de agosto, los médicos han convocado a una huelga nacional para exigir un reajuste salarial urgente. Esta protesta surge en el contexto de una pérdida del poder adquisitivo de aproximadamente un 75% desde 2012, además de la necesidad de más especialistas y de insumos básicos en los hospitales públicos.
Los hospitales en regiones con alta demanda, como Concepción y Alto Paraná, enfrentan una grave escasez de medicamentos y materiales médicos. Los pacientes se ven obligados a recurrir a actividades benéficas o endeudarse para costear tratamientos que deberían ser provistos gratuitamente por el Estado.
Un ejemplo impactante de la crisis es la reciente inauguración de la unidad de terapia intensiva neonatal en el Hospital Regional de Villarrica, que fue presentada como un avance significativo. Sin embargo, pocos días después se reveló que la unidad no estaba operativa debido a la falta de personal y recursos, lo que resultó en la muerte de un recién nacido que no recibió la atención necesaria.
A nivel nacional, los equipos de diagnóstico por imágenes son otro punto crítico. Muchos de estos equipos están fuera de servicio por falta de mantenimiento, lo que retrasa diagnósticos vitales y obliga a los pacientes a buscar atención en el sector privado, a menudo sin los recursos para hacerlo.
El deterioro de la infraestructura hospitalaria es evidente, con muchos hospitales descritos como «cascarones vacíos». A pesar de la construcción de nuevas instalaciones, estas carecen de insumos, personal y operatividad real. En el Hospital Nacional de Itauguá, por ejemplo, los pacientes enfrentan condiciones inhumanas y largas esperas para cirugías.
La administración de Santiago Peña ha sido criticada por priorizar la construcción de edificios en lugar de abordar las necesidades esenciales del sistema de salud. Este enfoque ha llevado a que los hospitales se conviertan en lugares donde faltan insumos básicos y especialistas, evidenciando una falta de planificación y voluntad política.
Por otro lado, el Instituto de Previsión Social (IPS) se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción. La gestión de Jorge Brítez, quien fue designado por Peña para mejorar el servicio, ha estado marcada por la ineficiencia y la desidia administrativa, resultando en pérdidas millonarias y un perjuicio significativo a la salud de los asegurados.
Las promesas del gobierno de garantizar la gratuidad de los medicamentos en hospitales públicos siguen sin cumplirse, dejando a los pacientes a merced de un sistema que no responde a sus necesidades. A tres años de gestión, el gobierno de Santiago Peña enfrenta un balance crítico, donde la salud pública se encuentra en un estado de colapso.
