Destierro o cárcel. La mayoría prefirió ser apátrida, pedir asilo político y luchar por la libertad de Nicaragua desde otra geografía. Monseñor Rolando José Álvarez Lagos decidió lo segundo. “Que sean libres, yo pago la condena de ellos”, comentó el religioso, según indicaron fuentes de la Iglesia católica a medios internacionales.
El 9 de febrero, el obispo de la Diócesis de Matagalpa (norte del país) fue trasladado del inmueble donde cumplía arresto domiciliario hacia la cárcel de máxima seguridad La Modelo, ubicada en el municipio de Tipitapa, al noreste de Managua. No quiso montarse en el avión donde viajaron 222 presos políticos que fueron echados por el régimen de Daniel Ortega.
Que sean libres, yo pago la condena de ellos
La decisión del sacerdote despertó admiración a nivel internacional, pues se considera que el hecho de quedarse en Nicaragua, en medio de unas condiciones adversas para quien desafía y cuestiona a Ortega, refuerza su figura como símbolo de resistencia.
Otros lo ven más como mártir, previendo las consecuencias que le iba a traer su determinación de quedarse en su país. El viernes, un día después de la excarcelación y destierro de los presos políticos, se conoció el fallo judicial que condenó a 26 años de cárcel a monseñor Álvarez por supuesta traición a la patria, obstrucción de funciones, agravada desobediencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense y difusión de noticias falsas. Además, le fue retirada su nacionalidad.
Para el régimen, el cura cuestionó una decisión de Estado y, según el mismo Ortega, que salió en rueda de prensa a dar detalles del caso, Álvarez tuvo un “comportamiento soberbio de quien se considera el jefe de la Iglesia de Nicaragua, el líder de la Iglesia latinoamericana e incluso con todo lo necesario para ocupar el cargo de su santidad, el Papa”.
De acuerdo con Ortega, el sacerdote hizo la fila para entrar en el avión y luego comunicó que no se subiría, aduciendo que debía de hablar con los otros obispos del país. Por acuerdo con Estados Unidos, los presos políticos debían montarse por voluntad propia.
“Está desquiciado, pero bueno, eso ya lo deberán determinar las autoridades judiciales y médicas que tendrán también que atenderlo en La Modelo (…), es un hombre común y corriente. El hábito no hace al monje”, dijo el líder de Nicaragua, haciendo saber que no habrá ningún trato especial sobre el obispo Álvarez.
La decisión del padre fue algo que claramente marcó a los presos políticos que se montaron en el avión. «Fue un momento doloroso y triste, pero dentro de la fe lo vemos con gran esperanza. Él es un ejemplo de pastor y un orgullo de Nicaragua, de ese amor y entrega y su pueblo», comentó Yubrank Miguel Suazo, uno de los excarcelados, a EL TIEMPO.
Tres días después de lo ocurrido ven con poco asombro y, más bien, desazón la noticia de su condena. Eso, de acuerdo con Suazo, ratifica cómo ha sido la actuación arbitraria del régimen en los últimos años. «Vemos cómo el régimen de Daniel Ortega se ensaña contra este hombre que ha levantado la dignidad del pueblo nicaragüense», agregó el psicólogo.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Ortega dijo que Álvarez rechazó subirse al avión junto con los demás exiliados.
El incómodo padre
“Es un hombre firme, enérgico, fuerte en sus principios. Ha sido una persona independiente, que ha manejado las cosas con valentía y siempre ha denunciado”. Así lo describió un colega religioso que se encuentra asilado en Estados Unidos y prefiere no ser citado con nombre propio. Por eso no le sorprendió la decisión que tomó y, mucho menos, “la venganza” con la que respondió el régimen a su negativa de irse.
Pertenecimos a una generación de jóvenes a los que nos tocó conquistar a precio de persecución y dolor nuestra libertad
Se conocieron en el seminario, recorriendo el mismo camino de la vocación. Desde pequeño, Álvarez mostró su cercanía al servicio sacerdotal. En los 80, durante la revolución sandinista, se negó a prestar servicio militar, que era de carácter obligatorio, y por ello estuvo preso y exiliado un tiempo en Guatemala. “Pertenecimos a una generación de jóvenes a los que nos tocó conquistar a precio de persecución y dolor nuestra libertad”, comentó Álvarez a la revista Magazine.
En 1994, a sus 28 años, se ordenó y en 2011 se convirtió en el obispo de la Diócesis de Matagalpa. Cuando comenzó la represión de la administración sandinista de Ortega, en 2018, Álvarez sirvió como mediador entre el Gobierno, la oposición y los manifestantes. Pero se fue convirtiendo en una figura incómoda, y en la segunda oportunidad de diálogo fue vetado por Daniel Ortega.
Fotografía del día que la policía ingresó a la residencia de obispo en Nicaragua
No dudó en poner su cargo y su parroquia al servicio de la ciudadanía, a la que resguardó durante las protestas violentas y auxilió cuando pedían intervención para sacar a los jóvenes de las comisarías de la policía, llevarlos a que los atendieran en centros de salud privados o acompañar a las familias que despedían a sus hijos muertos a manos de las autoridades represivas. Junto con otros curas de la región, abrieron una oficina de derechos humanos para recibir denuncias.
“Cada quien estaba en su lugar, asumiendo las consecuencias del levantamiento social y atendiendo a la población, que estaba siendo oprimida, encarcelada y ultimada”, comentó el padre exiliado, quien recibió amenazas, amedrentamientos y ataques físicos en tres ocasiones. Según explicó, era decisión personal de cada cura asumir una postura, apoyar o no a los feligreses que se los pedían. Nunca hubo un llamado de acción de la Iglesia.
Era cuestión de tiempo para que quienes optaran por la denuncia contra Ortega terminaran exiliados o presos. Ese fue el caso de monseñor Álvarez. Desde el 4 de agosto de 2022, las autoridades le impidieron salir de la Curia de Matagalpa y el 19 del mismo mes fue sustraído y llevado a la casa de sus padres en Managua, donde fue detenido mientras cursaba su proceso por presuntamente “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
Félix Maradiaga (izq. arriba), Cristiana Chamorro (der. arriba), Juan Sebastián Chamorro (izqu. abajo), y Medardo Mairena, liberados este jueves en Nicaragua.
En diciembre de 2022 fue acusado formalmente, y la audiencia para su juicio, en principio, estaba programada para finales de marzo de este año. Tras la excarcelación de los 222 presos políticos, y tras la negativa del jerarca a subir al avión que los sacó del país, la jueza Nadia Tardencilla adelantó la cita en la que era inminente la condena. Los 12 testimonios que iban a declarar eran policías, trabajadores del Estado y sandinista, según informó el medio local 100 % Noticias.
“Nunca se involucró en la política, solo en la religión”, comentó su hermana Vilma Álvarez a la revista Magazine de La Prensa. Pero su labor religiosa, a favor de quienes se movilizaron para exigir una salida democrática a la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, fue vista por el régimen como un actuar golpista. Ante el fallo injusto en su contra, quedan preguntas sobre cómo avanzará el intento de reanudar relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua. Aún 38 personas continúan en prisión señaladas de incitar la rebelión contra el Estado.
NATALIA TAMAYO GAVIRIA
REDACCIÓN DOMINGO
