Los movimientos sociales han programado actividades en memoria de las víctimas, que tenían entre 11 y 19 años y vivían en la calle. El viernes (21) hubo una vigilia, que reunió a madres y familias, y este domingo (23), los activistas regresan a Candelária para un acto. El lunes (24), habrá lavado de las escaleras de la iglesia, misa y caminata. Por la noche, la estatua del Cristo Redentor se iluminará de verde esperanza.
En estos 30 años del crimen, otras masacres ocurrieron en el estado, y en varios de estos casos, los acusados eran agentes, quienes, legalmente, deberían proteger vidas.
Un estudio publicado en abril de este año por Geni, el Grupo de Estudio de Nuevas Ilegalidades de la Universidad Federal Fluminense, arrojó que, solo de 2007 a 2022, se registraron 629 masacres como resultado de acciones policiales en el estado. Es decir, sucesos que dejaron tres o más muertos, según la metodología de investigación. Nada menos que 2.500 personas perdieron la vida en estos episodios.
Para el sociólogo y coordinador de Geni, Daniel Hirata, las masacres son el resultado de una relación muy estrecha entre las instituciones formalmente democráticas y ciertos sectores del Estado, particularmente los vinculados al uso de la fuerza.
“A lo largo de las décadas, las masacres se han vuelto predominantes en los operativos policiales en acciones avaladas por los poderes políticos y policiales”, explicó.
Márcia Gatto, representante del Movimento Candelária Nunca Mais e integrante del Consejo Estatal de Defensa de los Derechos de los Niños y Adolescentes, dijo que Río tiene una política de seguridad muy “agresiva y violenta”, que provoca no solo masacres, sino también la muerte de niños y jóvenes, en aislamiento.
“Es una política realmente homicida y hay un segmento que es negro y pobre. No garantiza derechos y sí, siempre está violando derechos, que es el derecho a la vida de estas personas”, observó.
La educadora Yvonne Bezerra de Mello trabajaba con niños y adolescentes de la calle en la región de Candelária cuando ocurrió la masacre en 1993. El proyecto educativo que ella mantenía en ese momento evolucionó y se convirtió en la Organización No Gubernamental Uerê, dirigida a aquellos que tienen bloqueos cognitivos y emocionales, debido a la exposición constante al trauma y la violencia.
«La masacre de Candelária no sirvió de nada, la violencia es constante, aquí mueren más personas que en la mayoría de los países del mundo», explicó el educador.
Por la masacre fueron condenados dos policías militares y un ex policía, todos con penas superiores a los 200 años de prisión. Según la Corte de Justicia de Río, el primer ministro Nelson Oliveira dos Santos cumplió su condena hasta su extinción en 2008. El primer ministro Marco Aurélio Dias de Alcântara y el ex primer ministro Marcus Vinícius Emmanuel Borges cumplieron sus condenas hasta recibir indultos en 2011 y 2012, respectivamente.
El crimen habría ocurrido porque, el día anterior, los muchachos arrojaron piedras a un carro de la Policía Militar.
Un sobreviviente de la masacre, Wagner dos Santos, quien recibió cuatro disparos, terminó convirtiéndose en un actor clave en el esclarecimiento del crimen.
En una nota, la Policía Militar informó que su accionar tiene “como preocupación central la preservación de vidas y el cumplimiento irrestricto de la legislación vigente”.
La Secretaría Municipal de Asistencia Social de la ciudad de Río, también a través de una nota, explicó que existe un servicio de albergue institucional temporal para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social que necesitaban ser apartados de sus familias u hogares.
