Nacionales
Hermano de Cucho impide audiencia clave en caso Berilo por decimocuarta vez
Ante el juez de Garantías, Miguel Palacios, se había programado para mañana el inicio de la audiencia preliminar del caso Berilo, donde se acusa al supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, al exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado y otros 27 implicados en presunto narcotráfico y delitos relacionados.
Sin embargo, esta noche se informó que el juez Palacios fue recusado por motivos justificados.
El hermano de Cucho alega que el juicio debería realizarse en la jurisdicción judicial de Alto Paraná y acusa al juez de mantener el caso en Asunción, mostrando una falta evidente de imparcialidad.
La acusación del Ministerio Público, presentada en septiembre de 2019 y ratificada en mayo de 2022, se refiere a la presunta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero relacionado con Reinaldo “Cucho” Cabaña.
Por su parte, el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado, está acusado de asociación criminal en la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Junto a Cucho y Ulises, estaban convocados para la audiencia los acusados Yisela Ramírez, Marcelo Ricardo y Yamil Cabaña Santacruz (hermanos de Cucho), Carlos Brítez, Gloria López, Diego Medina, Hugo Ríos, y otros.
La última vez que se intentó realizar la audiencia fue el 9 de julio, pero fue suspendida tras la recusación del juez Palacios por Diego Medina. Anteriormente, se había convocado el 22 de mayo, suspendiéndose por recusación del acusado Marcelo Cabaña Santacruz.
El Ministerio Público indica que la organización liderada por Cucho introducía cargamentos de cocaína desde Perú o Bolivia hacia Paraguay, luego enviándolos a Brasil.
El grupo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero del tráfico internacional de cocaína, según la fiscalía.
Sobre Ulises Quintana, se afirma que fue financiado por Cucho con dinero del narcotráfico para alcanzar un escaño en la Cámara Baja, facilitando las operaciones ilícitas de la organización.
En cuanto a Ulises, se habría utilizado una camioneta, matrícula JJX 009, propiedad de Reinaldo Cucho Cabaña, adquirida con fondos del tráfico de drogas. A su vez, colaboró en liberar 184.000 dólares, previo pago de 6.000 dólares, con la ayuda de sus emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar.
El cargamento de drogas fue incautado en Brasil el 2 de septiembre de 2018 por la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná.
En la audiencia del 29 de octubre de 2025, el fiscal Deny Yoon Pak solicitó una ampliación del período de investigación en el caso de Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante Sebastián Marset. La defensa de García Troche se opuso a esta solicitud.
Según la declaración de García Troche el 13 de octubre, el fiscal Pak pidió más tiempo para cerrar la investigación en el caso vinculado a Marset. El pedido fue presentado ante un Tribunal de Apelaciones, basándose en el artículo 326 del Código Procesal Penal, y podría extenderse hasta 6 meses adicionales para que la Fiscalía complete la investigación.
El motivo de la ampliación es que los datos proporcionados por García Troche aún no están verificados y fueron presentados cerca del final del plazo original de la investigación, programado para concluir el 20 de noviembre por la jueza Rosarito Montanía. La Fiscalía indicó que la única forma de confirmar esta información es a través de asistencia jurídica internacional, y si se otorga la extensión, la nueva fecha de conclusión sería el 20 de mayo de 2026.
Gianina García Troche está siendo investigada por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, utilizando supuestamente los fondos de Marset para crear sociedades y legitimar el dinero ilícito.
Por su parte, la defensa, liderada por el abogado Rafael Blanco, manifestó su desacuerdo con la extensión solicitada, argumentando que la Fiscalía ya tuvo suficiente tiempo para realizar las investigaciones, ya que el caso lleva cuatro años abierto. García Troche fue imputada en febrero de 2022 y, tras ser detenida en España y extraditada, se encuentra actualmente bajo disposición de la justicia paraguaya.
El abogado Blanco indicó que la defensa buscará una solución alternativa para evitar un juicio oral a través de un procedimiento abreviado, lo que podría resultar en una condena mínima y arresto domiciliario para la procesada. Además, mencionó que en el caso A Ultranza ya hubo 11 condenas por procedimiento abreviado, con penas de entre 2 y 5 años.
Nacionales
Caso Guillermo Moral: operativo termina con tres allanamientos y cuatro arrestos
El 29 de octubre de 2025, a las 14:19, se llevó a cabo un operativo en Ciudad del Este en el marco de la investigación por el asesinato del militar Guillermo Moral. Tres viviendas fueron allanadas y cuatro personas detenidas. Según los investigadores, tres de los capturados habrían proporcionado apoyo logístico para el crimen. El principal sospechoso que habría contactado a los sicarios sigue fugitivo.
El Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, bajo la dirección del Ministerio Público, lideró el operativo con apoyo del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la Motorizada y el Departamento Comando Tripartito.
Entre los detenidos se encuentran Luis Fernando Guillén Martínez (22), Elda Sofía Galeano Kleiner (43), Marco Antonio Florentín Camacho (42) y Alfredo Santuchi Brítez (25). Este último fue arrestado por una orden pendiente de detención y no tiene relación con la investigación.
El comisario Richard Vera, jefe del Departamento de Homicidios, explicó que las detenciones se lograron rastreando las transferencias de dinero a los autores del homicidio. Los tres primeros individuos participaron supuestamente en la logística del crimen. Se realizó un seguimiento financiero inverso para identificar a quienes enviaron y recibieron el dinero.
Durante los allanamientos en los barrios San Rafael, Ciudad Nueva y Don Bosco, se incautaron droga tipo crack, celulares, un DVR y tarjetas de memoria de cámaras de vigilancia, que serán analizadas.
Los autores del crimen habrían recibido unos G. 25 millones. Luis Fernando Guillén Martínez es hijo de Jorge Guillén Bogado, supuesto financista del asesinato, detenido el 16 de octubre, junto con Ángel David González Guillén, investigado por realizar transferencias.
Carlos Antonio Báez Guillén, alias «Lulú», sigue prófugo y es buscado por conexión directa con los sicarios. También hay una orden de captura con fines de extradición solicitada por Argentina por un caso de homicidio.
Aún se analiza si uno de los cuerpos hallados en el río Paraná corresponde a un adolescente que supuestamente participó en el crimen. El cuerpo tiene un tatuaje del Ojo de la Providencia, similar al de uno de los autores materiales. Se solicitaron muestras de ADN para confirmar la identidad.
Nacionales
Pescadores desbloquean el río Paraguay tras llegar a un acuerdo con autoridades en Concepción
Los pescadores de Concepción decidieron poner fin al bloqueo del río Paraguay tras dialogar con la gobernadora Liz Meza Páez (ANR) y el intendente Bernardo Villalba. Ambos se comprometieron a proporcionarles alimentos durante la temporada de veda y un pago de G. 400.000 a cada pescador registrado. Tras aceptar la propuesta, levantaron la protesta.
La gobernadora y el intendente llegaron al puente Nanawa, en el lado del departamento de Presidente Hayes, para hablar con los pescadores. Ofrecieron distribuir alimentos tres veces durante la veda de 49 días, y un pago de G. 400.000 a cada pescador con carnet oficial.
Después de escuchar a las autoridades, los pescadores decidieron aceptar la oferta. Daniel Ferreira, uno de sus líderes, señaló que hay 240 pescadores con documentos en regla que recibirán G. 400.000.
Con este acuerdo, los pescadores abandonaron la zona de bloqueo, permitiendo así la navegación de las embarcaciones que se veían impedidas por los botes en el canal.
Ferreira comentó que debido a la falta de recursos para trasladar a los funcionarios encargados del censo, algunos pescadores no pudieron ser incluidos en la lista de beneficiarios.
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