Nacionales
Hermano de Cucho impide audiencia clave en caso Berilo por decimocuarta vez
Ante el juez de Garantías, Miguel Palacios, se había programado para mañana el inicio de la audiencia preliminar del caso Berilo, donde se acusa al supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, al exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado y otros 27 implicados en presunto narcotráfico y delitos relacionados.
Sin embargo, esta noche se informó que el juez Palacios fue recusado por motivos justificados.
El hermano de Cucho alega que el juicio debería realizarse en la jurisdicción judicial de Alto Paraná y acusa al juez de mantener el caso en Asunción, mostrando una falta evidente de imparcialidad.
La acusación del Ministerio Público, presentada en septiembre de 2019 y ratificada en mayo de 2022, se refiere a la presunta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero relacionado con Reinaldo “Cucho” Cabaña.
Por su parte, el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado, está acusado de asociación criminal en la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Junto a Cucho y Ulises, estaban convocados para la audiencia los acusados Yisela Ramírez, Marcelo Ricardo y Yamil Cabaña Santacruz (hermanos de Cucho), Carlos Brítez, Gloria López, Diego Medina, Hugo Ríos, y otros.
La última vez que se intentó realizar la audiencia fue el 9 de julio, pero fue suspendida tras la recusación del juez Palacios por Diego Medina. Anteriormente, se había convocado el 22 de mayo, suspendiéndose por recusación del acusado Marcelo Cabaña Santacruz.
El Ministerio Público indica que la organización liderada por Cucho introducía cargamentos de cocaína desde Perú o Bolivia hacia Paraguay, luego enviándolos a Brasil.
El grupo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero del tráfico internacional de cocaína, según la fiscalía.
Sobre Ulises Quintana, se afirma que fue financiado por Cucho con dinero del narcotráfico para alcanzar un escaño en la Cámara Baja, facilitando las operaciones ilícitas de la organización.
En cuanto a Ulises, se habría utilizado una camioneta, matrícula JJX 009, propiedad de Reinaldo Cucho Cabaña, adquirida con fondos del tráfico de drogas. A su vez, colaboró en liberar 184.000 dólares, previo pago de 6.000 dólares, con la ayuda de sus emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar.
El cargamento de drogas fue incautado en Brasil el 2 de septiembre de 2018 por la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná.
Nacionales
Video: fuerte enfrentamiento entre estudiantes en Luque resulta en un alumno hospitalizado
08 de noviembre de 2025 – 01:45
Un estudiante de primer año de Educación Media se encuentra en estado grave después de ser agredido por un grupo de alumnos mayores frente a un colegio de Luque. El incidente, grabado por otros estudiantes, se viralizó en las redes sociales. Los padres de las víctimas han denunciado el hecho a la Policía.
Una pelea violenta entre estudiantes frente a un colegio local dejó a un alumno hospitalizado tras sufrir convulsiones producto de los golpes recibidos. El incidente ocurrió el viernes por la tarde después de clases y fue capturado en varios videos que rápidamente se difundieron en redes sociales.
Las imágenes muestran a un grupo de jóvenes golpeándose, con uno de ellos convulsionando en el suelo.
Compañeros auxiliaron al joven y lo llevaron de urgencia a un hospital, donde se encuentra bajo observación médica.
“Uno de los estudiantes perdió el conocimiento y tiene lesiones internas. Está siendo examinado porque no recuerda lo sucedido”, explicó el abogado Pablo Rolón, representante de las familias afectadas.
Rolón también comentó que otro alumno que intentó defender a su compañero fue agredido. “Le lanzaron piedras y le lastimaron el labio, por lo que requirió sutura”, detalló.
Las víctimas, ambas de primer año, fueron atacadas por estudiantes de tercer año, algunos de los cuales serían mayores de edad, según indicó Rolón.
El abogado señaló que el conflicto se inició dentro del colegio durante un partido de fútbol y que las amenazas continuaron hasta que se produjo la pelea en la vía pública.
Denuncia formal
“Los padres ya han presentado una denuncia en la Comisaría local y mañana deberán presentarse ante la fiscal de turno. Exigimos justicia y sanciones para los responsables”, afirmó Rolón.
Por ahora, la dirección del colegio no ha emitido un comunicado oficial, aunque el abogado mencionó que el director afirmó haber intervenido tras el suceso.
Los familiares de los estudiantes heridos permanecen en el hospital acompañando al alumno que sufrió convulsiones, mientras piden un mayor control y presencia de autoridades educativas para evitar futuros incidentes de violencia entre jóvenes.
Los allegados a Tobías Amarilla, un joven sin antecedentes arrestado por un presunto robo agravado, critican la actuación de la Fiscalía de Capiatá y la Comisaría Octava. Argumentan que hay pruebas que indican que el acusado estaba en otra ciudad al momento del crimen.
La familia de Tobías Amarilla, de 22 años, reportó supuestas irregularidades en el caso que enfrenta, relacionado con un supuesto hurto agravado el 22 de octubre en una empresa de Capiatá. A pesar de que la defensa presentó pruebas que, según ellos, demuestran su inocencia, la fiscal Alicia Fernández solicitó prisión preventiva sin aceptar las pruebas de defensa.
Según la denuncia, el incidente que se le imputa a Amarilla ocurrió en la firma Megalpar en Capiatá, mientras él trabajaba en Ñemby.
La abogada defensora, Linda Monges, señaló que “la única prueba en el expediente es el testimonio de la víctima”, mientras existen videos y conversaciones que indican que el acusado estaba en otro lugar.
“Hemos presentado videos, capturas de pantalla y pruebas que muestran que él estaba en su trabajo al mismo tiempo que se cometió el robo. Sin embargo, la fiscal no quiso recibirnos ni permitir la declaración de mi cliente”, comentó Monges. “Tuvimos que hablar con el juez para evitar que lo enviaran a Tacumbú. El magistrado dio diez días para presentar todas las pruebas”, añadió.
Celeste Amarilla, madre del joven, narró que antes de la detención, su familia sufrió acoso por parte de personas que llegaban en vehículos particulares a su casa y al trabajo de su hijo.
“Llegaban autos sin identificar, tomaban fotos de mi hijo y se iban. Fui a la comisaría a preguntar si había una denuncia, y decían que no sabían. Después me enteré de que ya existía una orden de detención”, contó la madre. “Mi hijo es inocente. Tenemos videos que prueban que estaba en Ñemby cuando ocurrió el robo en Capiatá. Solo pedimos que la fiscal vea las pruebas”, agregó.
Actualmente, Tobías Amarilla sigue detenido en la Comisaría Octava de Capiatá, mientras la defensa pide que se consideren las pruebas y se respete el debido proceso.
Los familiares solicitan que la Fiscalía revise el caso de manera objetiva y garantice el derecho a una defensa justa para el joven, al que describen como “trabajador, responsable y sostén de su hogar”.
Durante el XIX Congreso Paraguayo de Pediatría, profesionales de todo Paraguay mostraron su inquietud por el recorte en el presupuesto del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y pidieron al senador Beto Ovelar que reestablezca los fondos para asegurar la continuidad de las campañas de vacunación.
En el congreso, los médicos pediatras redactaron una carta dirigida al senador Silvio “Beto” Ovelar, quien preside la Comisión Bicameral de Presupuesto, para expresar su preocupación por los recortes al presupuesto para la compra de vacunas. El documento, firmado por pediatras de todo el país y organizado por la Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP), solicita restablecer los fondos del PAI conforme a las leyes nacionales que garantizan su financiamiento.
Los especialistas advierten que el esquema de financiamiento actual va en contra de lo dispuesto por la Ley N.º 4621/12 “Nacional de Vacunas”, que exige que los recursos provengan exclusivamente de la Tesorería General. Además, señalaron que la medida perjudica la Ley N.º 2310/03 “De Protección Infantil contra las Enfermedades Inmunoprevenibles”.
La nota destaca que esta situación no solo afecta las dosis pediátricas, sino también los esquemas de vacunación para adultos, especialmente para grupos de riesgo como embarazadas, personas mayores y trabajadores del sector salud.
Los pediatras destacan que la vacunación es una política de Estado esencial y un bien público prioritario, especialmente ante el resurgimiento de enfermedades como el sarampión. Advierten que la falta de financiamiento adecuado podría poner en peligro la protección sanitaria de la población y el cumplimiento de compromisos internacionales.
Por ello, instan a la Comisión Bicameral de Presupuesto, así como a las cámaras de Diputados y Senadores, a mantener los recursos para inmunizaciones en el Presupuesto General de la Nación 2026, para proteger el derecho a la salud de todos los paraguayos.
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