Entidades visitan indígenas que hablan de violencia y abandono.
Representantes de 15 organizaciones estuvieron hoy en Douradina
Representantes de 15 entidades gubernamentales y no gubernamentales visitaron este jueves (29) áreas ocupadas por indígenas en el municipio de Douradina.
En los últimos 45 días, la zona ha sido escenario de enfrentamientos entre los guaraní-kaiowá y productores rurales propietarios de las tierras. Los indígenas acusan a los agricultores de ataques, incluso con munición letal. Los terratenientes niegan los disparos y afirman que son los legítimos propietarios de las áreas.
Entre las entidades representadas estaban la Apib (Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil), que lidera la lucha de las comunidades tradicionales contra la tesis del marco temporal, y el CNJ (Consejo Nacional de Justicia), órgano responsable de monitorear la actuación de los magistrados brasileños, incluidos los jueces federales.
En Douradina también estuvieron representantes del Cimi (Consejo Indigenista Misionero), del Consejo Nacional de Derechos Humanos, de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, del ISA (Instituto Socioambiental), de Conectas Derechos Humanos, de la ABA (Asociación Brasileña de Antropología), de la Defensoría Pública del Estado de Mato Grosso do Sul, de la DPU (Defensoría Pública de la Unión), de la Funai (Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas), del Ministerio de los Pueblos Indígenas, de la Comisión Arns, de la AJD (Asociación de Jueces por la Democracia) y de la Rais (Red de Apoyo e Incentivo Socioambiental).
Bajo una caseta de lona montada en una de las “reocupaciones”, dirigentes denunciaron la total falta de asistencia que vive la comunidad y la violencia contra los indígenas en los últimos meses.
También denunciaron la reciente decisión del juez federal Rubens Petrucci Junior, quien ordenó a la Policía Federal reservar una zona delimitada para la estancia de los indígenas y destruir las chabolas instaladas fuera de esa delimitación.
“El momento fue de suma importancia, especialmente por la presencia del CNJ, órgano que fiscaliza la actuación de los magistrados, como el juez de Dourados que publicó una decisión el día 23 con graves abusos”, afirmó el abogado Anderson Santos, asesor legal de Cimi y Aty Gyasu.
Según él, durante el encuentro se discutieron acciones para contribuir a la solución del conflicto, “con el objetivo de promover el acceso al territorio de manera digna por parte de la comunidad indígena”.
Demarcación suspendida – Los indígenas exigen la demarcación del Territorio Panambi Lagoa Rica, de 12.100 hectáreas, identificado por la Funai en 2011. Sin embargo, el proceso de demarcación fue suspendido por la Justicia Federal.
El mes pasado, afirmando estar cansados de esperar la demarcación, los indígenas impulsaron tres nuevas acciones de recuperación territorial, en las zonas denominadas Yvyajhere, Pikyxyin y Kurupa’yty.
Los guaraní-kaiowá rechazan cualquier acuerdo sobre las áreas y afirman que no abandonarán sus tierras. “Cuando nuestro pueblo coloque nuestro hito sagrado en la tierra, no daremos marcha atrás. Nosotros plantamos aquí el hito, el registro de nuestro pueblo. Lo colocamos aquí y lo mantendremos, porque nuestros derechos no son negociables. No negociaremos nuestra tierra”, afirmó el cacique Gilmar Veron el 29 de julio.
