/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/abccolor/JLLDYB7MUVDLHFYJZRQSGGBAQU.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Diputados contrata hermano de concejal liberal en nuevo puesto dentro del gobierno.")
El hermano del concejal municipal de Eusebio Ayala (Cordillera), Ovidio Zaragoza (PLRA), aparece como funcionario contratado de la Cámara de Diputados. Se trata de Juan de Dios Zaragoza Medina, quien cuenta con tres antecedentes policiales.
Según documentos policiales, Zaragoza Medina tiene antecedentes por hurto y apropiación (2017) e incumplimiento del deber legal alimenticio (2018). En este caso, logró su libertad por compurgamiento de pena, pero en 2023 habría reincidido en el incumplimiento del deber legal alimenticio, según los antecedentes policiales.
Zaragoza Medina, en noviembre del 2015, fue detenido por contar con orden de captura internacional con fines de extradición supuestamente por delito de transporte de estupefacientes (narcotráfico). Había sido requerido por un tribunal de Formosa, Argentina, según Oficio Nº 822 de fecha 13 de abril 2015.
El caso ha generado controversia en el ámbito nacional, con opiniones divididas sobre la idoneidad de su contratación en la Cámara de Diputados. La integridad de las instituciones y la transparencia en la gestión pública vuelven a estar en el centro del debate.
El parlamentario Ovidio Zaragoza ha defendido a su hermano argumentando que merece una segunda oportunidad y que es capaz de desempeñar sus funciones de manera correcta. Sin embargo, sectores de la oposición exigen explicaciones claras sobre esta contratación y piden una investigación a fondo.
La ciudadanía ha expresado su preocupación por la presencia de personas con antecedentes penales en cargos públicos, señalando que esto pone en riesgo la credibilidad de las instituciones y la lucha contra la corrupción. La transparencia en los procesos de selección de personal se convierte en un tema prioritario.
Las autoridades de la Cámara de Diputados se han comprometido a revisar el caso de Juan de Dios Zaragoza Medina y a tomar las medidas necesarias en función de garantizar la legalidad y la ética en su gestión. La sociedad civil vigilará de cerca el desarrollo de esta situación.
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