Según el sitio web Campo Grande News, la joven tenía 34 semanas de embarazo y dijo que tomó varias pastillas de dos tipos de medicamentos. Horas más tarde, la joven empezó a sentirse mal y fue trasladada al hospital. Debido a la gravedad, tuvo que ser trasladada a Campo Grande.
Aún en testimonio, dijo que sintió que el bebé dejó de moverse apenas llegó a la Capital. Luego de confirmar el embarazo y realizar el procedimiento para extraer el feto, el equipo médico informó a la administración del hospital quienes se comunicaron con la DEPCA (Comisaría Especializada en Protección a la Niñez y Adolescencia).
Recursos Humanos no hizo comentarios sobre el caso. La oficina de prensa del hospital informó que sólo funciona hasta las 5 de la tarde y sólo afirmó que «en caso de aborto, el hospital brinda toda la asistencia necesaria a la paciente». La Comisaría Especializada en Protección a la Niñez y Adolescencia no atendió los llamados, por lo que no informó la situación jurídica de la joven en este momento.
En 2023, en casos similares, el STJ (Tribunal Superior de Justicia) bloqueó dos acciones de internamiento por la ilegalidad de la acusación contra los pacientes, recurriendo a la necesidad del secreto médico y con base en el artículo 207 del Código Procesal Penal, en el en el sentido de que «se prohíbe declarar a las personas que por su cargo, ministerio, oficio o profesión deban guardar un secreto, a menos que, liberadas por el interesado, quieran prestar su testimonio».
En marzo del año pasado, el STJ decidió que los médicos no pueden denunciar a pacientes por abortos clandestinos, considerando que «un médico es un ‘confidente necesario’ y, por lo tanto, tiene ‘prohibido revelar secretos que conoce debido a su profesión intelectual, como así como a declarar sobre el hecho.’ La decisión inédita se tomó en el análisis de un caso en Minas Gerais.
