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El diputado Raúl Latorre, líder de la Cámara Baja del Congreso, restó importancia a la denuncia sobre sobres con miles de dólares en la residencia presidencial, hecha por una exempleada del presidente Santiago Peña. Latorre afirmó que se trata de una «expresión de enojo» y calificó a la denunciante como una «funcionaria desleal».

En declaraciones a los medios, el diputado Raúl Latorre (ANR, Partido Colorado) minimizó la polémica generada por la denuncia de una extrabajadora de la residencia presidencial, quien aseguró haber sido despedida tras ser acusada sin pruebas sobre la desaparición de dinero y denunció la aparición de sobres con miles de dólares en la residencia.

Luz Maribel Candado, la extrabajadora, denunció que fue despedida injustamente tras ser acusada sin pruebas por la desaparición de dinero. Declaró que ella y otros familiares fueron sometidos a pruebas de polígrafo por personal militar, y que la desaparición no fue denunciada al Ministerio Público.

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Candado relató que fue despedida después de entregar dos sobres con aproximadamente 100.000 dólares cada uno al presidente, hallados meses antes en un quincho de la residencia y no reclamados por nadie.

Al respecto, Latorre afirmó que no considera el asunto un escándalo y calificó la denuncia como una «manifestación de enojo» de una «funcionaria desleal». Esta postura es compartida por otros miembros del oficialismo, como el senador Basilio Núñez, que han criticado a la denunciante.

Además, Latorre comentó que el debate en la Cámara de Diputados fue interrumpido antes de que la oposición abordara el tema de los sobres en la residencia presidencial. El presidente de la Cámara Baja justificó su ausencia en ese momento y afirmó que busca un ambiente «plural y abierto al diálogo».

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La decana de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FPUNA), Silvia Leiva, expresó en un comunicado que hay grupos intentando desestabilizar su gestión, distorsionando un informe de la Contraloría General de la República (CGR). Este informe reveló discrepancias en las compras realizadas con caja chica de la institución, en el contexto de las elecciones para representantes del Consejo Directivo.

La CGR llevó a cabo una auditoría financiera y administrativa de la FPUNA para el ejercicio fiscal 2024. Se detectaron deficiencias en el manejo de 30,525 millones de guaraníes (4.3 millones de dólares) durante la gestión de la decana Leiva. La facultad buscó justificar una diferencia de 90,170,408 guaraníes en el uso de caja chica, comparando el “Informe de adquisición de bienes y servicios” con el “Resumen de Movimiento de Bienes en Almacén”. Se argumentó que las compras eran urgentes y de consumo inmediato, por lo que no fueron inventariadas, pero la CGR señaló la falta de respaldo documental.

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La decana afirmó que las informaciones son maliciosas y promovidas por grupos que quieren desestabilizar su gestión, enmarcando estas acusaciones en las elecciones próximas. Asimismo, señaló que la auditoría fue solicitada por ella en febrero de 2024 para promover la transparencia y que el informe no contiene hallazgos penales o faltas graves, siendo público y accesible. Las observaciones son administrativas y ya se está ejecutando un plan de mejora.

El informe de la CGR también mencionó que se anularon registros contables sin control interno y hubo manejo poco claro del dinero. La facultad respondió que las anulaciones fueron ajustes menores dentro del mismo período mensual, y no afectaron las cuentas al cierre del período.

Por otra parte, no lograron justificar las anulaciones de documentos contables, lo que lleva a la CGR a sugerir una investigación interna. Se observó también un manejo poco claro de ingresos derivados de convenios y la utilización indebida de bonificaciones por 60.7 millones de guaraníes para gestión administrativa.

La auditoría indicó que la facultad pagó salarios del 2024 mediante cheques, en lugar de transferencias electrónicas, sumando 10,484 millones de guaraníes, lo que podría afectar la confiabilidad de los egresos.

La decana insistió en que, en el marco electoral, los debates deben centrarse en aspectos técnicos, basados en documentos oficiales, y no en desinformaciones que dañen la institución. Repudió las acciones de quienes priorizan intereses personales sobre el prestigio de la facultad.

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La jueza de Paz Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, del 2° Turno de La Catedral, procesada en el caso denominado «mafia de los pagarés», ha denunciado a los fiscales encargados de la investigación por supuestos delitos como prevaricato. Según la magistrada, estos fiscales del Ministerio Público habrían vulnerado el debido proceso, poniendo en peligro una causa significativa.

La denuncia se dirige contra los fiscales Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, acusados de manipulación de datos, coacción, y de presentar a los imputados como culpables ante terceros durante la investigación.

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La jueza sostiene que los fiscales hicieron públicos los procesos de allanamiento y proporcionaron información a los medios, lo que generó una «conciencia social negativa» y violó el debido proceso y la presunción de inocencia. Por ello, solicita una investigación al fiscal general Dr. Emiliano Rolón Fernández y acciones como el allanamiento de las unidades fiscales y el análisis de los celulares de los fiscales.

Acusa específicamente a la fiscal Belinda Bobadilla de ignorar hechos concretos y excluir el enriquecimiento ilícito de la investigación, limitándose al prevaricato, supuestamente sin pruebas. La jueza argumenta que la actuación de los fiscales pone en grave riesgo la investigación, ya que no han cumplido con los plazos legales ni solicitado ampliaciones necesarias para investigar adecuadamente. Además, asegura que no hay pruebas que respalden la hipótesis inicial del caso.

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