Nacionales
¿Y el dinero? Utilizarán «fondos propios» para obras prometidas por Nenecho con el G7
Óscar «Nenecho» Rodríguez (ANR-HC), exintendente de Asunción, había prometido reparar calles con G. 18.000 millones de los bonos G7, pero el proyecto lleva 11 meses detenido. El nuevo intendente, Luis Bello (ANR-HC), admitió que esos fondos ya no están disponibles, por lo que buscarán financiamiento con recursos propios.
Según Hugo Martínez, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad, el contrato para el «mejoramiento vial» sigue pendiente. La Junta Municipal había aprobado en noviembre de 2024 reorientar los fondos que originalmente estaban destinados a la Terminal de Buses de Asunción. Martínez confirmó que, aunque el proyecto aún no empieza debido a la falta de fondos, se pretende iniciarlo con recursos propios.
El contrato fue adjudicado a dos empresas, Covipa y Constructora Feldmann, por G. 9.000 millones cada una. El concejal Álvaro Grau (PPQ) acusó a Rodríguez de usar un certificado de presupuesto falso para esta adjudicación. Según Grau, no había dinero disponible en ese momento, y todo era parte de una ficción. Además, se criticó el desvío de fondos de los bonos G8 para pagos que no estaban relacionados con mejoras estructurales, como el pago de «insalubridad» a empleados municipales.
Rodríguez renunció en agosto de 2025 ante la posibilidad de su destitución y enfrenta múltiples causas penales, incluyendo la acusación de desviar millones de recursos públicos para otros fines.
El Instituto de Previsión Social (IPS) ha lanzado un comunicado anunciando que exonerará el recargo por mora para empleadores que realicen pagos al contado. Esta medida estará vigente hasta finales de este año.
La información, divulgada por ABC Color el 15 de octubre de 2025, se fundamenta en la Resolución C.A. N° 070-024/2025. El Consejo de Administración autorizó a la Dirección de Aporte Obrero Patronal la exoneración de estos cargos.
La exoneración es del 100% para pagos al contado de toda la deuda y del 50% para pagos parciales. Esta medida estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025.
El comunicado también indica que la exoneración se aplica a planillas normales, planillas complementarias, y cuotas de fraccionamientos de pagos vencidos e impagos.
Para más detalles, se recomienda contactar al Departamento Gestión de Cobranzas a través del correo info-cobranzas@ips.gov.py, por WhatsApp al 0961 578 216, o visitando la oficina en Asunción, ubicada en Nuestra Señora de la Asunción 195, esquina Haedo, 2° Piso.
Nacionales
Cámara ratifica condena a exintendente chaqueño por «desvío» de G. 1.050 millones
La sentencia de cuatro años y seis meses de prisión por «lesión de confianza» para Eladio Ramón Alcaraz Pereira, ex intendente de Mariscal Estigarribia (Chaco), fue ratificada por el Tribunal de Apelación Multifueros de Boquerón, compuesto por los jueces Sirley Patricia Romero Villalba, Carlos Milciades Miranda Ruiz Díaz y César Denis Macoritto González.
El tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por el abogado Rodrigo Buongermini, defensor de Alcaraz, apoyado por los abogados Álvaro Arias y José Enrique García, contra la sentencia inicial.
Después de revisar las quejas de la defensa, el Tribunal de Apelación dictaminó unánimemente que la Sentencia Definitiva N.º 72 del 5 de marzo de 2025, emitida por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete, no violó los derechos del condenado.
Durante el juicio, se permitió la declaración de las víctimas mediante medios telemáticos, lo que ayudó a identificar el gran daño a las comunidades indígenas de Mariscal José Félix Estigarribia, Boquerón.
El Tribunal Especializado, liderado por Elsa García, condenó a Eladio Alcaraz por un daño patrimonial de más de 1.054 millones de guaraníes a los fondos municipales de Fonacide en 2013.
El fiscal Luis Piñánez había solicitado una condena de seis años y medio para Alcaraz. En el juicio se comprobó que en 2013, el Ministerio de Hacienda transfirió más de 1.536 millones de guaraníes a la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, sumados a otros fondos; de lo cual Alcaraz desvió una parte significativa.
La jueza Elsa García enfatizó que la conducta delictiva de Alcaraz perjudicó a los más vulnerables del distrito, ya que los fondos debían mejorar la educación de las comunidades indígenas.
La presidenta del tribunal destacó que el 31 de marzo de 2014, Alcaraz presentó a la Contraloría General la rendición de cuentas del Fonacide, registrando pagos incompletos.
El Ministerio Público demostró que el dinero fue malversado, perjudicando a un distrito en una de las áreas más necesitadas del país.
Ante las constantes quejas de los productores por la entrada ilegal de productos frutihortícolas al país, la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Lucha contra el Contrabando del Senado convocó a autoridades encargadas del control de mercancías. Se les pidió intensificar los esfuerzos para revitalizar la producción nacional.
En respuesta a frecuentes denuncias sobre esta problemática, la Comisión convocó a representantes de varias instituciones, incluyendo la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Policía Nacional, el Senave, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Defensa. El senador Colym Soroka explicó que el objetivo del encuentro fue coordinar acciones para proteger a los pequeños productores, perjudicados por el contrabando.
Soroka expresó su preocupación por la venta de cebolla argentina en el mercado local a precios reducidos, etiquetada como si fuera producto nacional.
El Senador solicitó aumentar los controles para proteger a los productores locales, señalando que los productos de contrabando siguen apareciendo en los mercados del país. Propuso además la posibilidad de reforzar la presencia militar durante los operativos para asegurar su seguridad.
Las instituciones se comprometieron a tomar medidas concretas para que los controles funcionen adecuadamente, pidiendo más seguridad en las zonas afectadas por estas actividades ilegales.
Soroka añadió que el Senave debería continuar las intervenciones, enfocándose en identificar aquellos empaques con etiquetas falsas que usan productos argentinos.
El problema afecta al 70% de la producción de cebolla, y Soroka denunció que algunos permisos de importación se otorgaron de manera indebida. Criticó la validez de algunos permisos de importación emitidos por la Corte Suprema.
El senador José Ledezma instó a la DNIT a intensificar sus esfuerzos contra el contrabando durante los meses críticos para el sector, enfatizando la importancia de reforzar los controles básicos para apoyar la producción nacional.
Luis Villalba, de la Dirección Anticontrabando de la DNIT, reconoció las limitaciones en el país, destacando la falta de trazabilidad de las mercancías y la informalidad del comercio como problemas principales. Cristian Marecos, Director de Regionales, afirmó que se están adoptando medidas para mejorar la trazabilidad de productos frutihortícolas, aunque la similitud entre variedades locales e importadas presenta desafíos.
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