De acuerdo con el reporte policial, la patrullera circulaba sobre Eligio Ayala y chocó contra una camioneta que transitaba sobre República Francesa, cuyo conductor- según la Policía- “hizo caso omiso a un cartel señalizador de ‘pare’”.
Resultaron heridos el suboficial ayudante Celso Cardozo, suboficial ayudante Miguel López y el suboficial ayudante Nelson Bogado.
09 de noviembre de 2025 – 01:00
Los sospechosos detenidos son Antonio Damián Alén Villanueva, alias Raki, de 21 años, y Giovani Elías Paredes Villalba, alias Gío, de 19 años, residentes en el barrio Santa Ana del Bañado Sur de Asunción.
Raki tiene una prohibición de salir del país por un caso de tenencia de armas de 2023, y además, cumplió una condena simbólica de 2 años y 7 meses por el homicidio de su vecino José Rodrigo Franco Aponte, de 31 años, ocurrido el 29 de enero de 2020 en 37ª Proyectada y Tacuary.
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Gío también tiene restricciones por un caso de violencia familiar y ya fue condenado por robo.
Ayer, ambos fueron acusados de robo agravado y violación de la ley de armas en un proceso dirigido por el fiscal de Asunción, Julio Ortiz, quien pidió al Juzgado que ordene su encarcelamiento, una decisión que se debe tomar hoy.
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Antonio Damián Alén Villanueva, alias Raki, y Giovani Elías Paredes Villalba, alias Gío, fueron capturados el viernes a las 18:50 por agentes de la comisaría 7ª de Asunción en Félix Bogado y 21ª Proyectada, tras una larga persecución iniciada en la zona de Eusebio Ayala y General Santos, después de que presuntamente cometieran varios asaltos armados con un revólver.
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Cuando fueron detectados y perseguidos por la Policía, los individuos dispararon contra los uniformados, quienes respondieron e hirieron en la pierna a ambos.
Aunque lanzaron su arma y uno de los celulares supuestamente robados, el fiscal Ortiz mencionó que los dos jóvenes tenían al menos otros tres teléfonos que aparentemente no les pertenecían, lo cual, junto con el informe policial, sirvió de base para la acusación.
Más de dos años después del inicio del gobierno de Santiago Peña, la situación de las empresas públicas empeora, acumulando pérdidas significativas, como ocurre con Copaco, Petropar, INC y Fepasa, según las auditorías más recientes del año 2024.
El exministro de Hacienda, Dionisio Borda, señaló que las críticas y el descontento de la ciudadanía están justificados debido a los deficientes servicios de las empresas estatales y la falta de transparencia y evaluación de resultados, así como la carencia de planificación futura.
Borda sugirió que es el momento para que las empresas públicas firmen contratos de gestión con el Consejo Nacional de Empresas Públicas y divulguen sus resultados. Se destacó que las auditorías externas de 2024 muestran pérdidas millonarias, y se cuestionó quién decidió llevar a cabo estas auditorías.
Durante el gobierno de Fernando Lugo se creó el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), que fue aprobado en el Congreso y se implementó con la Ley 5058 en 2013. Borda cuestionó si este consejo sigue activo y confirmó que debe ejercer funciones de asesoramiento y apoyo en la gestión de las entidades públicas.
El consejo incluye al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. Sin embargo, Borda indicó que se han ignorado estos temas durante varios gobiernos, ya que no se reúnen ni ejercen sus funciones conforme a la ley.
El caso de Petropar es significativo debido a un proceso de compra urgente prorrogado nueve veces, sin explicaciones públicas. La empresa, sin ser privada, extendió un contrato con una firma catarí por 61 millones de dólares hasta febrero de 2026.
Preocupa además que la tendencia a la baja de los precios de los combustibles y la depreciación del dólar no se reflejen en una baja de precios internos. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) aún no ha dado conclusiones, y el Congreso no ha llamado al presidente de Petropar, Eddie Jara, pese a un aumento significativo en su patrimonio.
Otras empresas como Essap, Copaco, INC, Fepasa y Capasa carecen de planes y no rinden cuentas. Borda cuestionó dónde está el CNEP y sus recomendaciones legales.
Sobre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Borda mencionó una propuesta de ajuste tarifario para sectores electrointensivos e industriales en 2026. Itaipú no ha cumplido con transferir 300 millones de dólares anualmente, y se reporta una pérdida energética del 21,9% en 2024.
Un experto retirado de la ANDE destacó la necesidad urgente de mejorar la rentabilidad y gestión para cubrir costos e inversiones, con una rentabilidad negativa consistente en los últimos años.
Borda subrayó que la falta de planificación a mediano y largo plazo provoca reacciones en la ciudadanía y enfatizó que el CNEP debe actuar ante las crisis de las empresas estatales. Señaló que los criterios políticos siguen prevaleciendo sobre los técnicos, resultando en servicios públicos inadecuados.
El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00, el Tribunal a cargo del juicio contra el juez de Paz de Ybycuí, Francisco Goiburú Martínez, por presunto prevaricato, consideró la opción de modificar la calificación legal de la Fiscalía. Goiburú también enfrentará acusaciones por supuesta extorsión.
El Tribunal Especializado en Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez y compuesto por Yolanda Morel y Karina Cáceres, informó a Goiburú y otros dos acusados que podrían enfrentar nuevos cargos según el artículo 400 del Código Procesal Penal, que permite cambiar la calificación legal propuesta. Así, Goiburú, acusado de prevaricato, también deberá responder por extorsión.
Los coacusados Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Benítez enfrentan cargos por extorsión y prevaricato. La Fiscalía, representada por Natalia Cacavelos, afirma que Goiburú incurrió en prevaricato al tramitar una acción civil sin justificación legal adecuada.
Rodolfo Vega, testigo en el juicio, relató que compró al contado un camión que le fue arrebatado tras una demanda falsa presentada por Julio Martínez Isasi en 2021. Vega solicitó ayuda al abogado Ernesto Garcete, quien le pidió dinero para «combustible» por indicación del juez. A pesar de pagar, Vega aún no ha recuperado el camión.
Goiburú sigue en funciones mientras el juicio continúa.
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