El exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), incrementó hasta un 135% el costo de adjudicación de los pocos desagües cloacales realizados de los 8 prometidos con los fondos de los bonos G8. Este aumento significó un incremento de más de 8 millones de dólares respecto a lo estipulado en el Plan de Inversión aprobado por la Junta Municipal en 2022.
La Junta había permitido que 192.000 millones de guaraníes (26,6 millones de dólares) de los 360.000 millones correspondientes a los G8 se destinaran a la construcción de proyectos en diversas áreas. Sin embargo, al adjudicar las obras, los costos subieron a 250.865 millones de guaraníes (34,8 millones de dólares), representando casi el 70% de la emisión total, quedando la mitad de los proyectos sin realizar.
El interventor Carlos Pereira señaló que hubo un error en la determinación de los precios referenciales en el proceso de adjudicación, lo que causó posibles irregularidades y gasto público ineficiente. Solo en la licitación del desagüe pluvial de General Santos-San Antonio, el costo previsto era de 18.000 millones de guaraníes, pero terminó adjudicándose en 42.305 millones.
En el caso de Santo Domingo, con una autorización de 50.000 millones de guaraníes, el precio referencial subió a 89.031 millones, y se adjudicó por 72.389 millones. La administración de Rodríguez pagó 63.719 millones de guaraníes a los contratistas con avances entre el 2% y 35%. Se esperaban 296.280 millones de guaraníes en la cuenta habilitada, pero solo había un saldo de 23 millones.
El informe también critica la emisión de bonos G8 en dos series, resultando en pérdidas para las finanzas municipales. Se destaca que la primera serie podría haber cubierto la mayoría de las obras sin necesidad de la segunda emisión, generando un «pago innecesario de intereses» que alcanzó 75.617 millones de guaraníes.
Problemas técnicos y sociales, como falta de coordinación entre instituciones, oposición de vecinos y errores en proyectos, retrasaron los avances en obras. Rodríguez renunció, bajo presión por su destitución, tras un informe acusador sobre la gestión. Además, enfrenta investigaciones por desvío de fondos y otras irregularidades.
