Nacionales
Universidad Católica abre sumario tras denuncias de acoso sexual a estudiantes
La Universidad Católica de Asunción (UC) anunció que abrió un sumario para investigar los presuntos casos de acoso sexual a cuatro estudiantes en Radio Cáritas, un medio perteneciente a la institución. La situación provocó indignación en la comunidad educativa y al respecto también se pronunció el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay (ACCP).
Ante la ola de críticas y pronunciamientos hasta de docentes por el presunto caso de acoso sexual a cuatro jóvenes estudiantes en la radio que pertenece a la UC, la institución anunció medidas.
“El Consejo de Gobierno General ha determinado la apertura inmediata de un sumario para investigar los hechos y que, de las resultas, derivarán las consecuencias correspondientes, acorde a los principios que la Iglesia establece en los protocolos de actuación establecidos”, menciona el comunicado.
El viernes designaron a Raquel Vargas Guachiré como directora de la decana emisora, en reemplazo de Miguel Ortíz Rodríguez, sindicado como uno de los supuestos acosadores, junto a otro funcionario, durante la pasantía que realizaban las supuestas víctimas en el medio de comunicación.
La UC advirtió que cuenta con estatutos y reglamentos que orientan la conducta de todos los miembros de la comunidad universitaria.
“Ante cualquier hecho verosímil que se considere como actuación indecorosa, están instaurados los procedimientos de investigación y que, de acuerdo al caso, determinan las apropiadas sanciones”, dice el comunicado de la institución.
Ante el nuevo caso, el SPP se solidarizó con las víctimas e insistió en la necesidad urgente de aplicar protocolos de protección a mujeres en los medios de comunicación.
Sin embargo, no es la primera vez que la Universidad Católica está envuelta en un escándalo por el presunto acoso a sus estudiantes. La universitaria Belén Whittingslow denunció al docente Cristian Kriskovich, quien tiene una fuerte influencia en el sistema judicial.
La Fiscalía desestimó la denuncia, pero Kriskovich demandó a la estudiante por USD 450.000 por daños y perjuicios. En simultáneo Whittingslow fue procesada por el caso de compra nota, aunque la defensa aseguró que la vincularon como represalia a sus denuncias.
Posiciones de gremios
Desde que se conocieron los presuntos casos de acoso, se pronunciaron gremios como la Asociación de Profesores de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la UC, el SPP y recientemente Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay (ACCP).
Para ACCP, la transparencia y la prontitud en la acción son fundamentales para mantener la confianza de la comunidad.
“Este consejo deberá reflexionar de manera seria y profunda sobre la situación actual y trabajar con un espíritu de unidad y compromiso, orientado a reconducir la radio hacia los principios que siempre la han caracterizado, asegurando que su misión y visión sigan siendo fieles al servicio de la verdad, la justicia y el bien común”, expresó ante las últimas denuncias.
Recordó las palabras del papa Francisco sobre la importancia de una radio católica y se ofreció a colaborar con la Iglesia para ser parte del proceso de renovación y fortalecimiento de los valores.
Fuente: Última Hora
Más de dos años después del inicio del gobierno de Santiago Peña, la situación de las empresas públicas empeora, acumulando pérdidas significativas, como ocurre con Copaco, Petropar, INC y Fepasa, según las auditorías más recientes del año 2024.
El exministro de Hacienda, Dionisio Borda, señaló que las críticas y el descontento de la ciudadanía están justificados debido a los deficientes servicios de las empresas estatales y la falta de transparencia y evaluación de resultados, así como la carencia de planificación futura.
Borda sugirió que es el momento para que las empresas públicas firmen contratos de gestión con el Consejo Nacional de Empresas Públicas y divulguen sus resultados. Se destacó que las auditorías externas de 2024 muestran pérdidas millonarias, y se cuestionó quién decidió llevar a cabo estas auditorías.
Durante el gobierno de Fernando Lugo se creó el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), que fue aprobado en el Congreso y se implementó con la Ley 5058 en 2013. Borda cuestionó si este consejo sigue activo y confirmó que debe ejercer funciones de asesoramiento y apoyo en la gestión de las entidades públicas.
El consejo incluye al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. Sin embargo, Borda indicó que se han ignorado estos temas durante varios gobiernos, ya que no se reúnen ni ejercen sus funciones conforme a la ley.
El caso de Petropar es significativo debido a un proceso de compra urgente prorrogado nueve veces, sin explicaciones públicas. La empresa, sin ser privada, extendió un contrato con una firma catarí por 61 millones de dólares hasta febrero de 2026.
Preocupa además que la tendencia a la baja de los precios de los combustibles y la depreciación del dólar no se reflejen en una baja de precios internos. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) aún no ha dado conclusiones, y el Congreso no ha llamado al presidente de Petropar, Eddie Jara, pese a un aumento significativo en su patrimonio.
Otras empresas como Essap, Copaco, INC, Fepasa y Capasa carecen de planes y no rinden cuentas. Borda cuestionó dónde está el CNEP y sus recomendaciones legales.
Sobre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Borda mencionó una propuesta de ajuste tarifario para sectores electrointensivos e industriales en 2026. Itaipú no ha cumplido con transferir 300 millones de dólares anualmente, y se reporta una pérdida energética del 21,9% en 2024.
Un experto retirado de la ANDE destacó la necesidad urgente de mejorar la rentabilidad y gestión para cubrir costos e inversiones, con una rentabilidad negativa consistente en los últimos años.
Borda subrayó que la falta de planificación a mediano y largo plazo provoca reacciones en la ciudadanía y enfatizó que el CNEP debe actuar ante las crisis de las empresas estatales. Señaló que los criterios políticos siguen prevaleciendo sobre los técnicos, resultando en servicios públicos inadecuados.
El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00, el Tribunal a cargo del juicio contra el juez de Paz de Ybycuí, Francisco Goiburú Martínez, por presunto prevaricato, consideró la opción de modificar la calificación legal de la Fiscalía. Goiburú también enfrentará acusaciones por supuesta extorsión.
El Tribunal Especializado en Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez y compuesto por Yolanda Morel y Karina Cáceres, informó a Goiburú y otros dos acusados que podrían enfrentar nuevos cargos según el artículo 400 del Código Procesal Penal, que permite cambiar la calificación legal propuesta. Así, Goiburú, acusado de prevaricato, también deberá responder por extorsión.
Los coacusados Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Benítez enfrentan cargos por extorsión y prevaricato. La Fiscalía, representada por Natalia Cacavelos, afirma que Goiburú incurrió en prevaricato al tramitar una acción civil sin justificación legal adecuada.
Rodolfo Vega, testigo en el juicio, relató que compró al contado un camión que le fue arrebatado tras una demanda falsa presentada por Julio Martínez Isasi en 2021. Vega solicitó ayuda al abogado Ernesto Garcete, quien le pidió dinero para «combustible» por indicación del juez. A pesar de pagar, Vega aún no ha recuperado el camión.
Goiburú sigue en funciones mientras el juicio continúa.
Nacionales
Pablo Benegas solicita anular su condena a 12 años de prisión y celebrar un nuevo juicio
El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00 am, el músico Pablo Benegas apeló su condena a 12 años de prisión por abuso sexual infantil y pornografía, solicitando un nuevo juicio con un tribunal diferente. Argumenta que el tribunal original interpretó incorrectamente las pruebas y no justificó adecuadamente el rechazo de los argumentos de la defensa.
La apelación, respaldada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, desafía la Sentencia Definitiva N° 536 del 17 de octubre de 2025, emitida por el tribunal encabezado por la jueza Lourdes Garcete e integrado por Rossana Maldonado y Juan Ortiz, que condenó unánimemente a Benegas. La defensa sostiene que la acusación de la fiscala Claudia Aguilera no se sostenía, pues las evidencias digitales no respaldaban la condena.
La defensa también señala que un video clave para la condena tiene dos fuentes diferentes en la pericia: «fuente de WhatsApp» y «fuente galería», lo que sugiere manipulación de evidencia.
Benegas considera la pena «desproporcional» debido a su adicción a las drogas, argumentando que la condena no facilita su reintegración social. La defensa afirma que Benegas no divulgó lo sucedido ni tuvo relaciones con las menores, culpando a la fiscalía de un manejo erróneo del caso.
-
Nacionales2 semanas ago
Alerta por lluvias y tormentas eléctricas en nueve departamentos esta noche
-
Nacionales4 días agoAcusan de crímenes al presunto líder de sicarios Largo
-
Nacionales2 semanas agoTres departamentos en alerta por tormentas esta tarde
-
Nacionales6 días agoDetienen en San Pedro al supuesto líder de sicarios vinculado al asesinato del periodista Humberto Coronel
