Nacionales
Una sola alumna sigue internada en Hospital de Hernandarias tras intoxicación masiva
Una alumna de 17 años permanece internada en el Hospital Distrital de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, tras la intoxicación masiva en un colegio a causa del lanzamiento de gas pimienta.
Únicamente permanece en el Hospital Distrital de Hernandarias la paciente de 17 años que fue ingresada a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).
Su progreso es positivo, sin necesidad de intubación, con posibilidad de traslado a una sala de menor complejidad, dependiendo de su evolución, informó Édgar Medina periodista de Última Hora.
Los demás alumnos están fuera de peligro. No se han registrado nuevos ingresos relacionados con este caso.
El Hospital Distrital recibió este miércoles a unos 25 adolescentes y jóvenes en el servicio de Urgencias, para lo cual también envió una ambulancia a ayudar al rescate, ante el pedido de auxilio por parte del Colegio Nacional Tacuru Pucu.
Todos quedaron en observación luego de presentar cuadros de afección respiratoria, irritación y desvanecimiento, según lo reportado por la X Región Sanitaria.
Mientras que, un total de 35 alumnos llegaron hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) de Hernandarias.
De ese número, 15 estudiantes quedaron en observación, tres de ellos en estado grave por complicaciones y una adolescente sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero los médicos lograron reanimarla y se encuentra evolucionando.
Isabel Duarte, directora del Colegio Nacional Tacuru Pucu, mencionó que el incidente se registró al término del recreo, cuando los alumnos y docentes comenzaron a ingresar nuevamente a las aulas.
Una vez que se percataron de la situación llamaron rápidamente a los bomberos voluntarios para que puedan asistir a los alumnos y docentes. Hasta el momento no saben quién lanzó el producto químico.
Fuente: Última Hora
Nacionales
Revocan nombramiento de funcionaria de gobernación investigada por tráfico de armas
El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), pidió que una mujer involucrada en la institución fuera retirada de su cargo tras ser detenida el sábado en una investigación sobre tráfico de armas.
La persona en cuestión es Graciela Elizabeth Ledesma, quien estaba asignada desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a la Secretaría de Equidad de Género de la Gobernación de Central, liderada por Estigarribia.
El sábado por la mañana, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional realizaron allanamientos en San Antonio, Mariano Roque Alonso y Capiatá, como parte de la investigación sobre tráfico de armas de Paraguay hacia Brasil. Durante estos procedimientos, fueron detenidos José Sixto Benítez y su ex pareja Graciela Elizabeth Ledesma.
La Gobernación de Central solicitó, en un comunicado firmado por Estigarribia, la revocación inmediata del comisionamiento de Ledesma, considerando la gravedad de los hechos conocidos públicamente.
Desde febrero de 2025, Ledesma trabajaba en la Secretaría de Equidad y Género. Era una activa militante en el movimiento de Ricardo Estigarribia y el intendente de Villa Elisa, Sergio Estigarribia, ya que aspiraba a ser candidata a concejal en Villa Elisa.
Nacionales
IPS afirma que está reduciendo la carga laboral de los médicos debido a la renuncia de anestesiólogos
El gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS) informó que están trabajando para disminuir gradualmente la jornada laboral de sus médicos a las 12 horas semanales que indica la ley. Recientemente, 50 anestesiólogos del Hospital Ingavi dejaron sus cargos debido a que aún tienen una carga de 24 horas por semana.
En diálogo con ABC Cardinal, el doctor Derlis León, gerente de Salud del IPS, abordó la situación de los anestesiólogos que renunciaron la semana pasada en el Hospital Ingavi, denunciando inequidad salarial y sobrecarga de trabajo.
Los médicos han exigido el cumplimiento de la Ley 7.137/2023, que establece una carga laboral de 12 horas semanales por vínculo. Actualmente, deben cumplir 24 horas semanales por un salario de 4.500.000 guaraníes.
El doctor León mencionó que las autoridades del IPS empezaron conversaciones con los coordinadores de Anestesia de sus principales centros de salud, el Ingavi y el Hospital Central, así como con representantes del gremio de anestesiólogos, buscando soluciones para garantizar la atención a los asegurados y cuidar al personal médico.
Subrayó la dificultad que representa el limitado número de anestesiólogos en Paraguay, una especialidad que requiere alta formación.
En el Hospital Ingavi se realizan alrededor de 1.600 cirugías mensuales en 18 quirófanos, mientras que en el Hospital Central se llevan a cabo unas 1.300 operaciones cada mes. De los 260 anestesiólogos del IPS, la mitad son contratados.
El doctor León indicó que la directiva es distribuir la carga horaria en varios días, realizando guardias de 12 horas. Afirmó que están implementando las 12 horas semanales, reduciendo en el último año la carga de 1.120 médicos, comenzando por antigüedad.
Finalmente, destacó su intención de acelerar este proceso para ofrecer una solución integral para todos los médicos, incluyendo a los anestesiólogos.
Nacionales
«Mafia de los pagarés»: víctimas se unen y demandan respuestas de la Corte Suprema
Victimas del esquema conocido como «Mafia de los pagarés» se manifestaron frente al Palacio de Justicia en Asunción, solicitando a la Corte Suprema que tome acciones firmes para castigar a los responsables y compensar a los afectados. Este esquema involucraba a empresas de cobranza, jueces, abogados y oficiales de justicia, quienes presuntamente colaboraban para llevar a cabo juicios fraudulentos y embargos de salarios mediante pagarés de dudosa autenticidad, sin notificar a los deudores.
Pedro Coronel, líder de la Coordinadora de Víctimas, criticó al Poder Judicial por su falta de medidas efectivas, mencionando que esta inacción favorece la pobreza y violación de derechos humanos. Además, instó a anular los embargos y descuentos realizados de manera ilícita, argumentando que rectificar estos errores resolverá el caos legal existente.
El Ministerio Público acusó formalmente a varios jueces, exjueces, oficiales judiciales y abogados implicados en esta trama, imputándolos por delitos como prevaricato y producción de documentos falsos. Según la Fiscalía, las notificaciones de embargos no fueron correctamente realizadas, permitiendo la continuación de procedimientos injustos.
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