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La periodista Sara Núñez, quien fue jefa de prensa del Hospital de Clínicas y ahora trabaja en Dinavisa, denunció haber recibido amenazas en su celular. El hecho fue reportado en la Comisaría 53 de San Lorenzo, y solicitó protección de las autoridades.

Núñez informó a la Policía que recibió un mensaje desde un número desconocido que le decía: «Vieja podrida, todo tiene consecuencias. Prepárate. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac.» Ella interpretó esto como una amenaza directa contra su vida o un acto de violencia psicológica y telemática.

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«Es una situación que nunca imaginé enfrentar. Es la primera vez que paso por algo así. Ese ‘tic, tac’ me sugiere que en cualquier momento pueden hacerme algo. Espero que sea un malentendido, pero también pienso que podría tener relación con una denuncia laboral que hice en su momento en el Hospital de Clínicas», comentó.

La periodista recordó que en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA sufrió hostigamiento y violencia laboral, afectando su salud y llevándola a cambiar de trabajo.

Núñez señaló que aunque no tiene pruebas concretas, sospecha que las amenazas podrían estar ligadas a conflictos internos en su anterior empleo. «No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Si esto es así, es triste recibir ese trato después de haber mejorado el área de comunicación», añadió.

Finalmente, Núñez hizo un llamado a las autoridades para investigar el incidente y aplicar la Ley de Protección a Trabajadores de Prensa y Comunicación, además de dirigirse a la rectora de la UNA para pedir ayuda:

«Ningún periodista ni funcionario debe pasar por esto. Basta de violencia. Pido justicia y protección, porque me quitaron mi tranquilidad. Señora rectora, no merezco esto. He hecho mucho por esa institución, ayúdeme, por favor», concluyó.

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En los primeros días de septiembre ocurrió un incidente extraño en el que un hombre buscó información sobre la jueza Rosarito Montanía. Funcionarios del Poder Judicial denunciaron el hecho, lo que llevó a la intervención de la Policía Antisecuestro y del fiscal Lorenzo Lezcano, quien liberó al hombre al no encontrar evidencia de un delito.

Según fuentes judiciales, a comienzos de septiembre, Cristóbal Torres Díaz, exfuncionario de mantenimiento del Poder Judicial, contactó a antiguos compañeros para preguntar sobre la jueza Rosarito Montanía, conocida por casos importantes como A Ultranza y Mercat. El 26 de agosto de 2025, un carpintero recibió un mensaje de Torres Díaz cuestionando si sabía el domicilio de la jueza, a lo cual respondió que no.

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Otro funcionario de mantenimiento comentó que el 3 de septiembre recibió un mensaje de Torres pidiéndole el número de la chapa del vehículo de la jueza. El 4 de septiembre, Torres volvió a contactarlo para saber si la jueza estaba en el Palacio de Justicia y dónde estacionaba, pero el funcionario respondió que desconocía esa información.

Las repetidas consultas llevaron a un funcionario a denunciar la situación al jefe de seguridad del Poder Judicial, Freide Amarilla, quien informó a la Policía y a la Fiscalía.

El 11 de septiembre la Policía visitó la casa de Cristóbal Torres en Luque. Torres explicó que quería encontrarse con la jueza para solicitar trabajo, ya que, según él, ella le había indicado que podría hacerlo si alguna vez necesitaba empleo.

Tras esto, el fiscal Lezcano decidió no detener a Torres ni confiscar su teléfono, pues no había evidencia de amenazas o un delito. Sin embargo, solicitó a las compañías telefónicas informes sobre los números de teléfono de Torres para avanzar en la investigación.

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Durante las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe han visto un crecimiento constante en la asistencia a la educación superior, convirtiéndose en la segunda región más dinámica después de Asia del Este y el Pacífico, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Entre 2002 y 2022, la tasa bruta regional subió del 26% al 56%, aunque sigue por debajo del promedio del 79% de los países de la OCDE. Paraguay ha mejorado su acceso, pero aún está detrás respecto a otros países de la región.

En Paraguay, la tasa neta de asistencia para jóvenes de 18 a 24 años aumentó del 14% en 2006 al 22% en 2023, aunque permanece por debajo del promedio regional del 29%. Chile y Costa Rica lideran con tasas del 41% y 42%, mientras que Guatemala y Honduras tienen las menores participaciones, evidenciando la diversidad del avance educativo en la región y la necesidad de políticas efectivas para ampliar la cobertura en Paraguay.

El crecimiento en Paraguay se debe principalmente a la expansión de universidades privadas y al acceso a créditos educativos y becas, pero estas medidas no han sido suficientes para cerrar las desigualdades en el acceso, que todavía muestra disparidades significativas según el nivel socioeconómico.

En 2023, solo el 11% de los jóvenes paraguayos de ingresos más bajos accedieron a la educación superior, comparado con un 47% de aquellos en el quintil más alto. Esta brecha es una de las más marcadas en la región y es similar a la de Uruguay y Costa Rica, aunque estos países tienen tasas generales más altas. La situación en Paraguay limita tanto las oportunidades de movilidad social de individuos como el desarrollo de un capital humano equitativo.

La desigualdad en el acceso se relaciona con problemas estructurales previos a la educación superior, como la baja calidad de la educación media y la alta deserción escolar. Además, las restricciones financieras dificultan que los jóvenes de menores ingresos continúen sus estudios.

A pesar de las limitaciones, el aumento en la educación superior es positivo para un país que busca diversificar su economía y depender menos de sectores primarios. La expansión del acceso a áreas técnicas y científicas puede ser un factor estratégico para mejorar la competitividad de Paraguay a largo plazo.

Sin embargo, para que este crecimiento sea inclusivo, se necesitan políticas públicas más ambiciosas. La combinación de becas dirigidas, ampliación de la educación técnica superior y programas de apoyo para estudiantes de bajos ingresos podría ayudar a cerrar las brechas y asegurar que los estudiantes más vulnerables puedan acceder y permanecer en el sistema.

Este material fue preparado por MF Economía e Inversiones.

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