Nacionales
Un auxiliar fiscal, su padre y un escribano enfrentarán juicio por el caso de la «camioneta robada»
La asistente fiscal Claudia Giselle Guillén González y su padre Ramón Alberto «Monchi» Guillén Ortiz enfrentarán un juicio por el uso de una camioneta de lujo robada en Brasil en 2022. También será juzgado el escribano Julio Ramón Cáceres Carrillo por supuesta reducción y producción de documentos falsos.
El juez de Garantías, Yoan Paul López, aceptó la acusación contra Claudia Guillén, su padre y Cáceres Carrillo, llevando el caso a un juicio oral. Rechazó el pedido de sobreseimiento definitivo del abogado defensor Juan Carlos Monges Montiel y no permitió la inclusión de videos como pruebas.
Según el fiscal Marcos Amarilla y la fiscal Karina Caballero, Claudia Guillén fue detenida el 12 de marzo de 2023 conduciendo una camioneta Toyota Hilux con chapa falsa. El vehículo robado fue comprado por su padre por 280 millones de guaraníes, de los cuales ya había pagado 120 millones, y el escribano Cáceres Carrillo estaba encargado de la transferencia de documentos.
Durante un control, Guillén intentó huir pero fue detenida en la Costanera Norte de Asunción. La camioneta estaba registrada como robada en Santa Catarina, Brasil, desde noviembre de 2022. La imputación incluyó posteriormente al padre de la fiscal auxiliar y al escribano, por reducción y producción de documentos no auténticos.
El escribano Cáceres Carrillo fue acusado de proveer documentos falsos relacionados con la camioneta. La fiscalía señala que obtuvo un beneficio al vender un vehículo robado en Brasil. Los acusados se encuentran bajo medidas alternativas a la prisión, con una fianza de 150 millones de guaraníes que deben presentar en 10 días hábiles tras la audiencia preliminar, finalizada el miércoles 20 de agosto.
El futuro político del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, y la reciente remoción de Miguel Prieto en Ciudad del Este están generando debate dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Los ministros Juan Carlos Baruja y Tadeo Rojas, del Comando Nacional de Honor Colorado (HC), coincidieron en que las decisiones deben basarse en los reportes oficiales de las intervenciones, sin favoritismos.
El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, mencionó que la destitución de Rodríguez dependería del informe definitivo del interventor. «Si el reporte confirma las acusaciones, se debe actuar de manera coherente con otros municipios», declaró, haciendo referencia a la salida de Miguel Prieto.
Baruja enfatizó que no debería haber justicia selectiva: “Cuando un colorado comete un error es justicia, y cuando un opositor lo hace es persecución política. Debe actuarse igual, sea colorado o opositor”, afirmó.
Respecto a Miguel Prieto, Baruja comentó que el propio exintendente admitió nepotismo y mala gestión. “Si se convierte en candidato de la oposición, ¿qué postura adoptará? Publicitó ‘no al nepotismo’ aunque aceptó en televisión haberlo practicado”, opinó.
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, descartó que la remoción de Prieto fuera parte de un plan de persecución por parte de Honor Colorado. «La intervención comenzó con una solicitud de la Contraloría. No tengo noticias de que haya sido una maniobra política», aclaró.
Cuestionado sobre si Prieto era una amenaza electoral para el cartismo, Rojas respondió: “No lo veo como una amenaza política. Aunque popular en su departamento, no tiene un discurso sólido para liderar un proyecto presidencial”.
Respecto al caso de Óscar “Nenecho” Rodríguez, Rojas reconoció que hay cuestionamientos, pero que la decisión dependerá del Congreso. “El interventor ha señalado algunos asuntos preocupantes, pero corresponde a los parlamentarios decidir. Si hay irregularidades, deben ser tratadas con la misma rigurosidad que otros casos”, sostuvo.
Añadió que existen posturas divididas sobre su destitución. “Nenecho es apreciado por la dirigencia del partido en la Capital. La decisión se debatirá en el Congreso. No he escuchado peticiones para mantenerlo ni para que renuncie; estoy al margen debido a mis funciones como ministro”, concluyó.
La Contraloría Ciudadana de San Pedro de Ycuamandyyú ha expresado su rechazo a la intención del intendente Carlos Quiñónez (ANR-HC) de endeudar la municipalidad. El alcalde, que está en campaña para ser reelegido, quiere solicitar un préstamo de G. 48.000 millones, lo que comprometería los ingresos municipales de los próximos tres años.
La Contraloría de San Pedro emitió un comunicado condenando la intención de Carlos Quiñónez de endeudar la Municipalidad por G. 48 mil millones, afectando los recursos del municipio durante los siguientes tres años.
Según los ciudadanos, este dinero del préstamo se usaría para financiar su campaña, en lugar de las obras que argumenta ejecutará. En el comunicado, la Contraloría manifiesta su fuerte oposición al proyecto de endeudamiento municipal.
Además, se menciona que el grupo de ciudadanos ya ha presentado denuncias contra la gestión de Quiñónez ante varias instituciones, pero estas no han respondido a sus quejas.
El documento destaca obras que figuran en documentos pero no se han ejecutado, indicando sobrecostos y obras inconclusas. También se cuestiona el uso de G. 30 mil millones recibidos por la administración de Quiñónez, ya que hay numerosas deudas sin pagar.
El comunicado advierte que este préstamo hipotecaría el futuro de San Pedro, comprometiendo recursos futuros y limitando la inversión en obras necesarias.
La Contraloría Ciudadana llama a una «rebelión cívica» contra esta propuesta de endeudamiento. Quiñónez ha solicitado a la Junta Municipal la aprobación para buscar el préstamo.
Finalmente, el comunicado llama a la acción ciudadana para impedir que se hipoteque la ciudad para las generaciones futuras. Carlos Quiñónez fue elegido en 2023 para terminar el período municipal, tras la renuncia de Gustavo Rodríguez (ANR-HC), quien enfrenta acusaciones de mala administración y lesión de confianza.
La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) inició un sumario contra la cadena de supermercados La Bomba, suspendiendo sus actividades de fraccionamiento y envasado de productos lácteos, cárnicos y embutidos debido al reetiquetado. Esto ocurre en medio de quejas tras el cierre de Biggie. La Bomba S.A., con seis sucursales, enfrenta restricciones: en Lambaré está prohibida la venta de productos sin habilitación y registro, mientras que en Asunción y Fernando de la Mora los productos están en cuarentena y prohibidos para su venta. Se detectó que extendían la fecha de vencimiento de productos. No se logró contactar con las sucursales afectadas. La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) calificó de desproporcionadas las recientes sanciones. Usuarios critican las diferencias de control entre La Bomba y Biggie, mientras algunos piden ampliar las inspecciones a todas las grandes cadenas de supermercados.
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