Nacionales
Tribunal se establecerá en la casa vendida por Erico Galeano a supuesto testaferro
El tribunal encargado de juzgar al senador Erico Galeano (del partido ANR, alineado con Cartes), por supuestos vínculos con el esquema A Ultranza, planea visitar la casa en el condominio Aqua Village de Altos. Según la Fiscalía, Galeano vendió esta propiedad por un millón de dólares a Hugo González Ramos, quien sería prestanombres del acusado narcotraficante Miguel Ángel «Tío Rico» Insfrán Galeano. El juicio oral está programado para continuar el miércoles 29 a las 8:00.
El juicio se desarrolla bajo el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, compuesto por Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos. Durante la audiencia del miércoles 29, se planea establecer la fecha para inspeccionar la residencia en el condominio Aqua Village, vendida por Galeano en octubre de 2020.
La acusación, presentada por los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y Deny Yoon Pak, indica que Galeano recibió la suma en efectivo por la venta a González Ramos, considerado prestanombres de «Tío Rico». Según la Fiscalía, Galeano sabía que el verdadero dueño del dinero era Miguel Ángel Insfrán, pero siguió adelante con la venta para encubrir al comprador real.
El inmueble fue vendido por un monto superior al de mercado durante la pandemia, cobrado en efectivo y evitando controles. En un allanamiento en 2022, se encontró una factura de servicios a nombre de Galeano y una camioneta vinculada a Yolanda Insfrán Galeano, hermana de «Tío Rico», lo que refuerza la idea de que Insfrán era el verdadero propietario.
Para la Fiscalía, esto confirma que Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, era el auténtico dueño de la propiedad en Altos, siendo él y otros 17 acusados juzgados actualmente.
El pronóstico del clima para este domingo en Paraguay predice lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio. Al inicio del día, cuatro departamentos están en alerta por «fenómenos de tiempo severo».
Según la Dirección de Meteorología e Hidrología, se espera un día fresco a cálido, con cielos nublados, vientos del sur, lluvias dispersas —incluyendo Asunción— y tormentas eléctricas ocasionales, especialmente en el norte y este del país.
Desde las 7:00, hay una alerta vigente sobre posibles lluvias y tormentas «moderadas a fuertes» en los departamentos de Alto Paraguay, Amambay, Concepción y el noreste de Presidente Hayes.
Se estima que las lluvias continuarán al menos hasta el martes en varias regiones.
Este domingo el clima será fresco a cálido, con temperaturas máximas de 24 grados centígrados en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 26 grados en el Chaco.
El lunes podría haber un ligero aumento en la temperatura, alcanzando 28 grados en la capital, aunque se espera que el martes desciendan a niveles similares a los de hoy.
El sindicato de profesionales del Ministerio de Economía y Finanzas, liderado por Pedro Sánchez, ha emitido un comunicado en el que rechaza las modificaciones propuestas en la «nueva reforma» por las autoridades del ministerio. Declaran que no consentirán más abusos ni cargas injustas para su sector.
Además, exigen respeto total a la autonomía y sostenibilidad del régimen, y demandan que cualquier reforma se base en la equidad, la transparencia y que el Estado participe en el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, también conocida como Caja Fiscal.
El comunicado establece que el sindicato (Sifupromef) busca mantener la tasa de aporte jubilatorio del 16%, la edad mínima de jubilación a 50 años, la jubilación ordinaria a 62 años y la obligatoria a 65 años, conservando asimismo el cálculo del haber jubilatorio basado en los últimos cinco años de trabajo.
El sindicato está abierto a un diálogo respetuoso y constructivo, pero insiste en que no permitirán que sus derechos jubilatorios sean vulnerados de nuevo. Ellos consideran su causa de defender los derechos jubilatorios, tras haber soportado la carga de la sostenibilidad del sistema, como innegociable.
El sindicato también informa que, el pasado miércoles 8, mantuvieron una reunión sobre la situación de la Caja Fiscal con autoridades del Ministerio de Economía. La reunión estuvo dirigida por el viceministro de Economía y Planificación, Felipe González, acompañado por el director de Jubilaciones y Pensiones, Jorge Delgado, entre otras autoridades.
Solicitaron acceso a proyectos de reforma específicos para lograr un equilibrio o un déficit sostenible de la Caja Fiscal, pero hasta la fecha no han recibido información al respecto.
Remitirse a la reforma aprobada en 2003, cuando se incrementaron los años de aporte y se elevó la edad de jubilación, el sindicato sostiene que no hubo diálogo con los afectados en esa ocasión. Ahora, ante la “nueva reforma” que se plantea, el sindicato defiende mantener los parámetros actuales.
La Caja Fiscal acumula un déficit de más de G. 1,8 billones (US$ 266,5 millones), financiado principalmente con impuestos. De los sectores que conforman la caja, solo el de empleados públicos muestra un superávit que ayuda a cubrir los déficits de otros sectores.
Las proyecciones del déficit de la Caja Fiscal anticipan problemas graves, alcanzando US$ 952 millones en 2030 si no se realiza una reforma.
Un tribunal especializado en delitos económicos, crimen organizado y anticorrupción, ratificó las condenas para la suboficial de la Policía Nacional Nilsa Evelin Morel Giménez y la funcionaria de tránsito de la Municipalidad de San Lorenzo, Mabel Corvalán Achucarro. Ambas fueron sentenciadas por cohecho pasivo agravado y falsificación de documentos.
La decisión fue unánime por parte de los jueces Arnulfo Arias Maldonado, Paublino Escobar Garay y Camilo Torres Leguizamón. En el juicio, que concluyó el pasado 23 de julio, el tribunal presidido por Karina Cáceres y compuesto por Ana Rodríguez y Yolanda Morel, impuso a la funcionaria municipal dos años de prisión y a la policía un año y ocho meses, aunque ambas sentencias fueron suspendidas.
Las defensas, representadas por Gladys del Pilar Verón Aguayo, Edgar Antonio López Escobar y Roland Ortiz Ayala, apelaron la sentencia, cuestionando la valoración de las pruebas. La defensa de Morel argumentó que actuó bajo órdenes superiores y que los hechos deberían considerarse infracciones administrativas, no delitos.
El tribunal de apelaciones afirmó que las pruebas presentadas por la acusación fueron suficientes para confirmar la comunicación constante entre las acusadas y la búsqueda de un beneficio a cambio de servicios, tal como tipifica el delito de cohecho pasivo agravado.
El fiscal Leonardi Guerrero explicó que la investigación comenzó a raíz de una denuncia de la abogada Carol Flores Imas. Se descubrió que las acusadas cobraban entre 25.000 y 30.000 guaraníes por la expedición de certificados gratuitos de vida y residencia necesarios para renovar licencias de conducir, utilizando datos falsos.
El esquema operaba con Corvalán indicando a los contribuyentes los requisitos para renovar sus licencias y ofreciendo agilizar el trámite a cambio de un pago adicional. Morel luego elaboraba los certificados utilizando datos de la Policía Nacional. Durante el juicio, se comprobó que esta práctica ilegal llevaba tiempo en funcionamiento.
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