Nacionales
Tribunal desestima recusaciones y permite análisis sobre la expulsión de Kattya González
03 de noviembre de 2025 – 19:18
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió una disputa sobre la composición de su Sala Constitucional Ampliada al rechazar inmediatamente las recusaciones hechas por la Cámara de Senadores contra dos de sus miembros. Esta decisión permite avanzar con el estudio de la acción de inconstitucionalidad iniciada por la exsenadora Kattya González tras su expulsión.
Hoy, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió rechazar de inmediato las recusaciones de la Cámara de Senadores contra el ministro Víctor Ríos Ojeda y el juez Esteban Armando Kriskovich De Vargas para estudiar la impugnación de la expulsión de Kattya González.
Con esta decisión, se confirma la composición de la Sala Constitucional Ampliada, creada para evaluar la acción de inconstitucionalidad presentada por la exlegisladora Kattya González.
Más información: El Senado recusa a un ministro de la Corte y a un juez en el caso de Kattya
La exsenadora, expulsada del Congreso en febrero del año pasado, sostiene que en el proceso de su desafuero se violaron tanto el reglamento interno de la Cámara Alta como sus garantías procesales.
Los argumentos del Senado descartados
La estrategia del Senado, para apartar a Ríos y Kriskovich, se basó en argumentos específicos que la CSJ desestimó.
El Senado alegó que el ministro Víctor Ríos había «preopinado» sobre un caso de pérdida de investidura, tanto cuando era senador como después al ser miembro de la CSJ. La CSJ rechazó inmediatamente esta recusación, indicando que se presentó “sin causa justificada”.
Más información: Kattya: La Corte notifica al Senado sobre la integración de la Sala Constitucional
En el caso de Kriskovich, la objeción era que, siendo un juez de Apelación, no podía formar parte de la Sala Constitucional, que supuestamente debía estar integrada solo por ministros de la Corte.
Los documentos indican que la Sala Constitucional Ampliada debe tener nueve miembros. La incorporación de los jueces (Kriskovich y Miguel Ángel Rodas) fue necesaria porque dos ministros titulares, César Garay Zuccolillo y Eugenio Jiménez Rolón, se retiraron del caso, por lo que fue necesario recurrir a jueces adicionales para completar el quórum requerido. La CSJ también rechazó esta recusación de inmediato.
El camino prolongado hacia la inconstitucionalidad
La resolución judicial finaliza la espera procesal para la composición de la sala, un proceso que la Corte había prolongado.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Kattya González el 27 de febrero del año pasado, una semana después de su expulsión.
Más información: Nueve reclamos de Kattya ante la Corte sobre inconstitucionalidad
Nueve reclamos fueron realizados por la exsenadora para que la CSJ decidiera finalmente integrar la Sala Ampliada el 23 de mayo pasado.
Integración actual de la Sala Constitucional Ampliada:
Con la integración confirmada, la Sala Constitucional estará compuesta por los ministros: César Diesel, Víctor Ríos, Gustavo Santander, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Luis Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, junto con los jueces Miguel Ángel Rodas y Esteban Armando Kriskovich De Vargas.
Ellos deben evaluar el fondo de la cuestión para decidir si la expulsión de Kattya González fue constitucional o si, por el contrario, infringió las normativas.
La bancada de Cruzada Nacional solicitó un informe al Poder Ejecutivo, dirigido al Ministerio del Interior, para aclarar los motivos, alcances y regulaciones del uso del polígrafo en la Policía Nacional. El proyecto de resolución, presentado por los senadores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Walter Kobilansky, será tratado en la sesión de mañana de la Cámara de Senadores, programada para las 9:00.
El documento solicita al Ejecutivo detalles sobre los actos administrativos que autorizan el uso de esta herramienta en evaluaciones y ascensos del personal policial. Los legisladores desean conocer la norma que regula su aplicación, incluyendo fecha y texto completo, y qué disposiciones internas (manuales, protocolos) existen.
También se consulta si el polígrafo se usa solo en ascensos o también en investigaciones internas, selección o control disciplinario. Además, buscan saber qué porcentaje del puntaje final en los ascensos depende del polígrafo, incluyendo la fórmula de cálculo.
El pedido también pretende esclarecer los aspectos operativos y financieros del sistema. Por ello, los senadores solicitan identificar a las empresas proveedoras de equipos, detallando la cantidad y características de los aparatos disponibles.
Además, requieren información sobre los operadores, especificando si son parte del cuerpo policial o contratados externamente. Se pide también confirmar si los funcionarios sometidos dan su consentimiento y qué mecanismos existen para proteger su confidencialidad y datos personales.
Respecto al presupuesto, se solicita al Ministerio del Interior un desglose del monto invertido en compra, mantenimiento, software y capacitación desde la implementación del polígrafo hasta la fecha, detallado por año.
El objetivo del proyecto es garantizar la transparencia en los procesos internos de la Policía Nacional y asegurar que el uso del polígrafo sea conforme a criterios legales, éticos y técnicos. Este tema será discutido en el Senado en el orden del día, donde se espera la opinión del oficialismo y la respuesta del Ministerio del Interior.
El 3 de noviembre de 2025 a las 22:58, un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado y aún no ha sido identificado. El Ministerio Público dispuso su traslado a la Morgue Judicial de Asunción para realizar los estudios pertinentes.
El lunes por la tarde, un cadáver fue hallado en el arroyo Ñeembucú, detrás del Club Deportivo Pilarense, en el barrio General Díaz de Pilar. El descubrimiento fue comunicado a la Comisaría Segunda del barrio Obrero alrededor de las 17:00. Según el reporte policial, se trata de un hombre cuya identidad sigue desconocida.
El cadáver estaba en posición de decúbito prono, parcialmente sumergido a unos 40 metros de la rampa. Llevaba puesto un pantalón jeans azul y una camiseta clara con la inscripción “MOTORCYCLE – RACER PARTS – MANUFACTURE”.
En el lugar, intervinieron agentes de la Prefectura Naval, Criminalística e Investigación de Hechos Punibles, junto al fiscal Federico Solano López y la médica forense Sandra Delvalle. La doctora diagnosticó que el cuerpo presentaba un estado de putrefacción y signos de antropofagia, lo cual dificultó su identificación. No se encontraron documentos personales.
El fiscal ordenó trasladar el cuerpo a la Morgue Judicial de Asunción para realizarle una autopsia y otros procedimientos necesarios. La zona del hallazgo quedó bajo custodia policial hasta la llegada del vehículo de la morgue.
Nacionales
Controversia en Ypané: La Junta demandará credenciales a periodistas para asistir a sesiones públicas
El 3 de noviembre de 2025 a las 22:30, la Junta Municipal de Ypané aprobó una resolución que introduce nuevos requisitos para que los periodistas puedan cubrir sus sesiones públicas. Esta medida, propuesta por el concejal Denis Chamorro, requiere acreditación formal, una carta del director del medio y patentes comerciales actualizadas. Chamorro aclaró que la normativa busca solo «formalizar» el trabajo periodístico.
La Junta Municipal aprobó la Resolución N° 105/2025 para establecer normativas y requisitos para la autorización y acreditación de medios de prensa interesados en cubrir sus sesiones ordinarias desde el 27 de octubre. Los medios deben presentar una carta firmada por su director, comprobar la identidad y tener la patente comercial o profesional vigente para acceder a la Sala de Sesiones.
El objetivo de la resolución es aportar seriedad y responsabilidad al trabajo de la prensa. Sin embargo, contraviene la Constitución Nacional y la Ley Orgánica Municipal, que garantizan la libertad de prensa y el acceso público a las sesiones.
El artículo 26 de la Constitución Nacional asegura la libre expresión y la libertad de prensa sin censura, y el artículo 29 declara que el ejercicio periodístico es libre y no requiere autorización previa. Además, la Ley Orgánica Municipal menciona en su artículo 70 que las sesiones plenarias de las Juntas Municipales son públicas, por lo que exigir acreditaciones podría limitar el derecho de informar.
Denis Chamorro defendió la resolución, afirmando que no busca restringir el trabajo periodístico, sino formalizarlo. Reiteró que desean que los medios acrediten a sus representantes, respaldados por su director, y destacó que las sesiones son públicas y se transmiten en vivo, negando así la censura. Sin embargo, reconoció que la medida surgió tras conflictos con medios locales que publican información de manera agresiva y fuera de contexto.
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