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Una nueva normativa establece que las amenazas de paro de los dueños de líneas de buses serán consideradas como un hecho punible. El senador Enrique Salyn Buzarquis, responsable de esta ley, enfatiza que cualquier ciudadano puede denunciar este tipo de extorsiones.
De acuerdo con el artículo 4 de la ley Nº 6789, las empresas que incumplan con los servicios acordados perderán sus licencias de forma inmediata. En caso de reincidencia, se aplicarán sanciones aún más severas. Asimismo, aquellas que no cuenten con accesibilidad para personas con discapacidad física perderán el derecho a recibir subsidios estatales.
El Viceministerio de Transporte debería estar supervisando el cumplimiento de esta normativa, sin embargo, hasta el momento no ha tomado ninguna medida al respecto. La legislación fue promulgada en agosto de 2021 con el objetivo de proteger a los ciudadanos de posibles extorsiones por parte de las empresas de transporte.
Por su parte, el senador Buzarquis destaca la importancia de que la Fiscalía actúe de oficio ante cualquier denuncia realizada por los ciudadanos. La ley contempla una serie de medidas y sanciones para asegurar el cumplimiento de los servicios de transporte de manera regular y segura.
Las empresas de transporte público deben garantizar el acceso de personas con discapacidad física en al menos el 50% de su flota en un plazo de 180 días. Aquellas que no cumplan con esta disposición perderán cualquier tipo de subsidio estatal. Además, se establecen sanciones específicas para aquellas empresas que incumplan durante períodos de emergencia nacional.
En resumen, la ley Nº 6789 busca proteger a los ciudadanos de posibles extorsiones y garantizar un servicio de transporte público eficiente y accesible para todos. Es fundamental que las autoridades competentes supervisen el cumplimiento de esta normativa para garantizar el bienestar de la población y el correcto funcionamiento del sistema de transporte.
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