Nacionales
Titular de Juventud Colorada explica su gran ascenso en el Senado: Gana casi G. 23 millones
José Rodríguez, presidente de la Juventud Colorada, defendió su trayectoria como funcionario de la Cámara de Senadores, donde tuvo un meteórico ascenso de la mano del actual titular del Congreso, Basilio Bachi Núñez. Comenzó con un salario de G. 1.500.000 y actualmente percibe más de G. 22 millones.
José Rodríguez Robertti tiene 32 años, es presidente de la Juventud Colorada y funcionario de la Cámara de Senadores, donde gana un salario mensual de G. 22.787.000 como Director de Asuntos Políticos del senador Basilio Bachi Núñez, actual titular del Congreso.
Rodriguez ingresó a la función pública en 2012 con un salario de G. 1.500.000 y en 2018 logró su nombramiento, lo que elevó su salario a G. 3.200.000. Luego pasó al cargo de asesor con un salario de G. 5.200.000, que percibió hasta setiembre del año pasado.
Luego, obtuvo el cargo de Director de Gestión Documental, con un salario de G. 19.937.000 y, finalmente, Bachi Núñez lo designó director de Asuntos Políticos de la Presidencia de la Cámara de Senadores.
El colorado explicó que ingresó a trabajar en el Congreso como pasante en el año 2012 y que desde allí hizo una carrera formándose en varias disciplinas.
Asegura que realizó un concurso público para ingresar como funcionario permanente en la Dirección de Informática de la institución. Para los cargos de asesor y director de dependencias ya no realizó ningún concurso, según reconoció.
“Desde el 2010 que estoy en la institución, si contamos desde que estoy como pasante. Soy abogado, escribano y soy didáctico universitario”, expresó en una entrevista concedida a radio Monumental 1080 AM.
El funcionario apuntó a una persecución en su contra por los cuestionamientos al aumento considerable de sus ingresos. “Por ser colorado me discriminan, soy una persona con formación”, expresó.
Afirmó que recorrió seis dependencias en la institución estatal a la cual asegura haber ingresado por concurso y que podría proporcionar los datos “si se le da tiempo”.
Fuente: Última Hora
En la ciudad de Coronel Oviedo, se llevó a cabo la presentación oficial de las tobilleras electrónicas para ciertos procesados judiciales, en el Palacio de Justicia.
El servicio costará G. 2.006.600, pero si se comprueba que la persona es insolvente, el Estado cubrirá esos gastos.
Se realizará un estudio técnico sobre la conectividad en Caaguazú y otros factores necesarios antes de implementar el sistema. Tras este análisis, se comenzará a utilizar las tobilleras electrónicas.
El jefe del sistema de vigilancia del 911 en Caaguazú, Crio. Vicente Chaparro, informó que el sistema 911 monitoreará Caaguazú y San Pedro. Si se detectan irregularidades en los usuarios de tobilleras, se coordinarán acciones rápidas con las comisarías cercanas.
El centro de monitoreo estará en Asunción, pero habrá coordinación para actuar eficientemente ante cualquier problema.
El fiscal delegado de Coronel Oviedo, Fermín Segovia, explicó que se realizará una verificación técnica del lugar donde estará el beneficiario para asegurar que cumple con los requisitos para usar la tobillera. La decisión de otorgar una tobillera dependerá de cada juez, y ésta está disponible para todos los delitos del Código Penal.
La presidenta de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, jueza Sandra Porto, mencionó que el uso de las tobilleras busca aliviar la saturación en las cárceles llenas de procesados sin condena. El dispositivo brinda seguridad judicial y se implementará a solicitud del individuo afectado.
Las tobilleras cuentan con un sistema de alarma que se activará desde el centro de monitoreo si se detectan irregularidades en el comportamiento del procesado.
El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, detalló el tema central que se abordará en la convención extraordinaria de su partido este fin de semana en Caacupé. Habló sobre el «dinamismo diferente» que el PLRA y la oposición están adoptando para las elecciones municipales de 2026.
En una entrevista con ABC Cardinal, Fleitas explicó que el objetivo de la convención es autorizar al directorio del PLRA para ratificar acuerdos de alianza o concertación que se logren en varios distritos del país de cara a los comicios municipales, lo cual requiere su aprobación.
Se espera una «concurrencia importante» de alrededor de 600 miembros del partido.
Sobre el tema del «dinamismo diferente», Fleitas mencionó que después de la derrota del PLRA por el Partido Colorado (ANR) en 2023, el partido se está preparando de manera más dinámica para las elecciones municipales del próximo año. Se observa una mayor «madurez» dentro de la dirigencia y en la oposición, con acuerdos ya establecidos en muchas áreas donde antes hubo candidaturas múltiples en 2021.
Asimismo, Fleitas destacó la elección municipal extraordinaria en Ciudad del Este para elegir al reemplazo del destituido intendente Miguel Prieto. El PLRA ha decidido apoyar unánimemente a Daniel Mujica, candidato del movimiento Yo Creo de Prieto. Según Fleitas, esta elección «marcará el rumbo» hacia las municipales de 2026 siendo la primera batalla electoral significativa entre el cartismo y la oposición desde 2023.
Nacionales
Uso excesivo de prisión preventiva provoca saturación en cárceles, alerta el Mecanismo de Prevención de la Tortura
Un representante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura comentó que la prisión preventiva como recurso inicial en los procesos judiciales contribuye a la sobrepoblación en las cárceles. Esta situación empeora debido a que las personas privadas de su libertad son trasladadas a prisiones lejos de su hogar, lo que ralentiza los procesos legales.
En un informe reciente, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura destacó que la sobrepoblación en las cárceles paraguayas persiste en gran parte por el uso excesivo de la prisión preventiva para quienes aún no tienen condena firme. Orlando Castillo, comisionado del Mecanismo, expresó preocupación por este uso predominante de la prisión preventiva por parte del Poder Judicial hacia las personas.
El informe revela que, hasta agosto de este año, el 61.6% de los hombres en prisión en Paraguay (unas 11,319 personas) estaban procesados sin condena, mientras que el 38.4% (7,067 personas) ya habían sido condenados. Castillo explicó que este uso liberal de la prisión preventiva genera hacinamiento, con algunas cárceles mostrando una sobrepoblación de hasta el 1,000%.
También destacó el problema del «desarraigo» debido al traslado de procesados a prisiones lejanas, alejándolos de sus familias y abogados, lo que retarda los procesos judiciales. Esto significa que personas que deberían estar en prisión por meses terminan encerradas durante años, facilitando además su reclutamiento por organizaciones criminales.
Castillo señaló que el Ministerio de Justicia no cuenta con un sistema adecuado para supervisar a quienes obtienen medidas alternativas a la prisión, como el arresto domiciliario. Sugirió que, además de la Policía, debería haber un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y abogados para asegurar el cumplimiento y facilitar la reinserción social.
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