La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha dictaminado a favor de la interpelación del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Magno Brítez, en un contexto marcado por divisiones dentro del Partido Colorado. A pesar de que el dictamen es mayoritario, la agrupación enfrenta posturas encontradas sobre el respaldo a Brítez.
El dictamen de interpelación se suma al del gerente de Salud del IPS, Derlis León, y, aunque no es vinculante, tendrá lugar en la próxima sesión ordinaria. En el seno del partido Colorados, persisten dudas sobre la gestión de Brítez, señalada por casos de muertes atribuibles a presunta negligencia y corrupción.
El diputado Miguel Del Puerto ha manifestado que existen diversas opiniones entre sus pares: algunos están dispuestos a respaldar la interpelación, mientras que otros consideran necesaria una explicación más detallada de Brítez ante el cuerpo legislativo. La reciente controversia en torno a la reforma de la Caja Fiscal ha recrudecido estas tensiones, con cargos dirigidos al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.
Roberto González, otro legislador colorád destaco la importancia de pensar en las implicaciones políticas de apoyar a Brítez, sugiriendo que los miembros del partido no deberían «quemarse más» en este proceso. Del Puerto indicó que su respaldo se limita a ciertas figuras dentro del partido, como el presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y Horacio Cartes, mientras que otros son valorados con mayores reservas.
A pesar de la creciente presión para aclarar sus acciones, Brítez ha encontrado defensores, entre ellos el presidente de la Comisión, el diputado José Rodríguez, quien argumenta que la interpelación debe ser una opción de “última ratio”. Rodríguez considera que no se han agotado todas las vías jurídicas antes de llegar a este punto, y sugiere que hay un interés más sesgado detrás de las propuestas de interpelación.
Frente a esta situación, el escenario político se complica, con la presión social para que Brítez rinda cuentas ante la ciudadanía. Los cuestionamientos no solo se centran en la gestión del IPS, sino también en la transparencia y la justicia social que exige la población ante las irregularidades señaladas.
