El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, ha rechazado una recusación presentada en contra del magistrado Rodrigo Estigarribia en el marco de las investigaciones sobre la mafia de los pagarés. Esta decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Camilo Torres, Arnulfo Arias y Silvana Luraghi.
La recusación fue interpuesta por los abogados José Enrique García y Álvaro Arias Ayala, en representación del procesado Ángel Aníbal Cino Isnardi, quien enfrenta cargos relacionados con prevaricato y producción de documentos no auténticos, en un proceso que involucra actuaciones del juzgado de Paz de Encarnación, donde la ex jueza Carmen Analía Cibils Miñarro está suspendida.
Los abogados defensores argumentaron que la decisión del magistrado de rechazar una solicitud para posponer la diligencia los obligó a solicitar su separación del caso, bajo el fundamento de que existían razones que ponían en duda su imparcialidad. En su escrito, mencionaron que ya se había observado la complejidad del caso, dado que otros acusados también enfrentan situaciones en diferentes instancias.
Decisión del Tribunal
El Tribunal desestimó la recusación al considerarla “evidentemente improcedente”. Los magistrados afirmaron que las razones expuestas por los recusantes no demostraban un motivo serio que comprometiera la imparcialidad del juez, y destacaron que esta forma de actuación podría utilizarse como un medio de presión para desacreditar decisiones adversas.
Además, el Tribunal advirtió sobre la posibilidad de imponer sanciones disciplinarias a las partes involucradas si continúan realizando peticiones que obstaculicen el procedimiento legal. Subrayaron la importancia de que todas las presentaciones cumplan con los principios de buena fe y con las disposiciones legales pertinentes.
Continuación del proceso
Con la resolución del Tribunal, el caso seguirá su curso hacia la audiencia preliminar, la cual deberá llevar a cabo el magistrado Estigarribia. Esta audiencia es crucial para determinar si se procederá a la apertura del juicio oral y público, tal como ha solicitado la Fiscalía.
La causa involucra a varios acusados, incluidos la mencionada ex jueza Cibils y otros abogados, actuarios y funcionarios relacionados, lo que pone en evidencia la magnitud del caso y su potencial impacto en el sistema judicial.
