El senador Rafael Filizzola, representante del Partido Democrático Progresista (PDP), ha hecho un llamado urgente al Ministerio Público tras una denuncia de amedrentamiento en contra de la fiscala Patricia Sánchez. Filizzola enfatizó que la inacción del fiscal general, Emiliano Rolón, para identificar al responsable de esta amenaza podría dar lugar a un mensaje de sometimiento al poder político y desprotección para los fiscales en funciones.
Filizzola criticó la falta de avances en la investigación, alertando que si la Fiscalía no logra identificar al legislador implicado, se estaría señalando una falta de intención para actuar con independencia. De acuerdo con el senador, el asunto es grave y demanda acción por parte tanto de la Fiscalía como del Senado, que está en posición de tomar medidas políticas adecuadas.
En su intervención, el senador mencionó que el Senado podría considerar sanciones políticas para el involucrado, lo que podría incluir la pérdida de la investidura. «Estamos claramente ante una situación que amerita medidas ejemplares», puntualizó, añadiendo que, mientras el autor de la amenaza no sea identificado, «todo el Senado está bajo sospecha».
Filizzola también se refirió al senador Hernán David Rivas, quien ha sido señalado en rumores como el presunto autor de la amenaza. Si bien el senador del PDP confía en la veracidad de la fiscala, subrayó que la imputación debe ser respaldada por pruebas, tarea que corresponde al Ministerio Público.
En relación a las medidas de protección que ha afirmado haber activado Rolón, Filizzola expresó su preocupación de que la situación no se trate simplemente de una amenaza física, sino de presiones para remover a la fiscala de su puesto. Denunció que estas acciones no solo afectan a Sánchez, sino que también generan un clima de inseguridad entre otros operadores de justicia.
Finalmente, el senador remarcó la expectativa que existe en el Congreso por un informe oficial de la Fiscalía que permita avanzar en posibles sanciones. En caso de no recibir respuesta, Filizzola advirtió que sería un indicativo de falta de voluntad para investigar, lo que podría tener repercusiones serias sobre la credibilidad de las instituciones encargadas de la justicia en el país.
