QUIINDY, departamento de Paraguarí. El juez penal de garantías de Ybycuí, Guillermo Ortega Brítez, archivó la denuncia por lesión de confianza presentada contra la exintendenta Alba Aparicia Acevedo de Bogado, tras una solicitud del Ministerio Público.
La acusación contra la exjefa comunal se centraba en una supuesta sobrefacturación relacionada con la compra de kits de alimentos por valor de G. 163 millones. Un aspecto particularmente controvertido de la denuncia fue el precio de una lata de carne vacuna en conserva, conocida como “vaca’i”, que, según afirmaciones, fue adquirida a G. 46.000 por unidad.
Los exconcejales Guillermo Lovera y Maximiliano Augusto Barrios, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), habían presentado la denuncia inicialmente por presuntos delitos que incluían lesión de confianza, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito. Además, un exsenador del Frente Guazú, Pedro Santacruz, también había hecho una denuncia relacionada.
Después de seis años de indagación, el juez Ortega notificó a las partes sobre la decisión de desestimar la causa. En su resolución, el magistrado indicó que, a pedido del fiscal Jorge Luis Arce Rolandi, no se encontraron evidencias que sugirieran un daño al patrimonio de la Municipalidad de Quiindy. El juez subrayó que el requerimiento de desestimación era “ajustado a derecho” según las diligencias que se llevaron a cabo.
Los denunciantes, por su parte, expresaron su incomodidad por no haber sido convocados para declarar en el transcurso del proceso, lo que limitaría su capacidad para hacer seguimiento al caso. Lovera comentó que, a pesar de sus intentos de acceso a la carpeta fiscal, nunca lograron obtener información clara sobre quién llevaba la causa.
Cuestionamientos sobre costos de alimentos
Los exconcejales argumentaron que los precios de los productos adquiridos por la administración de Acevedo de Bogado eran notablemente superiores a los del mercado. La comuna realizó una inversión significativa a través del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para proporcionar 620 kits de alimentos a diversas instituciones educativas.
Entre los precios mencionados en la denuncia se incluían costos como G. 18.000 por litro de aceite y G. 12.000 por kilo de poroto. La empresa encargada de la venta, BH Service SRL, fue representada legalmente en ese entonces por Andrés Isabelino Fulgencio Arrúa Rodríguez.
