En América Latina y el Caribe, la conversación sobre el sector energético ha comenzado a evolucionar de manera significativa. Históricamente, el enfoque se centró en aumentar la capacidad de generación de energía para satisfacer una creciente demanda. Sin embargo, un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que el futuro del suministro energético depende más de la eficacia y resiliencia de las redes de transmisión. Esta transformación es crucial debido a la variabilidad climática y los rápidos avances tecnológicos.
La investigación revela que, en 2024, la falta de una infraestructura adecuada impidió que la región aprovechara cerca de 53 teravatios-hora (TWh) de energía solar y eólica, resultando en pérdidas cercanas a los 7,000 millones de dólares. Este hecho subraya un problema estructural donde el crecimiento de la generación, especialmente de fuentes renovables, ha quedado desfasado en relación a la expansión de las redes de transporte eléctrico.
A medida que la demanda energética se vuelve más dinámica y las condiciones climáticas cambian, la presión sobre los sistemas eléctricos se intensifica. La necesidad de una mayor confiabilidad en el suministro ha resaltado la importancia de la transmisión como un factor no solo técnico, sino esencial para garantizar la seguridad energética y la competitividad en la región.
El BID ha lanzado la Plataforma de Aceleración de la Transmisión Eléctrica (PTAP), presentada en la COP30, para abordar estos desafíos. Esta iniciativa reconoce que fortalecer la transmisión no se limita a la construcción de nuevas líneas eléctricas, sino que también implica la modernización del marco regulatorio y la promoción de la cooperación regional, además de atraer inversiones e incorporar innovaciones tecnológicas.
En Paraguay, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ha diseñado un Plan Maestro que resalta la necesidad de grandes inversiones en el sistema eléctrico del país. Se proyecta que entre 2026 y 2030 se requerirán hasta 1,650 millones de dólares para nuevas plantas de generación y soluciones de almacenamiento, mientras que la expansión de la infraestructura de transmisión y distribución implicará inversiones de aproximadamente 3,500 millones de dólares en el mismo periodo.
Con un presupuesto para 2026 de 1,988 millones de dólares, el enfoque de ANDE estará en fortalecer la red eléctrica, lo que es vital dado que se espera un aumento del 18% en la demanda entre 2023 y 2024. La modernización de la infraestructura busca no solo atender un consumo creciente, sino también asegurar un suministro confiable que evite limitaciones al desarrollo económico.
A pesar de los retos, la región posee una matriz energética relativamente limpia y experiencias en integración eléctrica que pueden ser valiosas. Sin embargo, capitalizar estas ventajas dependerá de su disposición para modernizar las redes de transmisión, convirtiéndola en el pilar fundamental para garantizar la seguridad energética en el futuro.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.
