El diputado Rodrigo Gamarra, integrante de la facción Honor Colorado del Partido Colorado y presidente del Parlamento del Mercosur, ha hecho públicas declaraciones que podrían interpretarse como una amenaza dirigida contra la fiscal Sophia Anatolia Galeano Gavilan. Gamarra solicitó al senador Derlis Maidana, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que se «fije atentamente» en las acciones de la fiscal, quien ha imputado a Aida Aquino de Farías, madre del precandidato Hugo Farías, en un caso relacionado con una demanda laboral.
La imputación se deriva de una denuncia presentada por Octavio Manuel Rodríguez Contreras, quien sufrió lesiones severas en un accidente laboral en la empresa Arte Culinario, propiedad de Aquino. Gamarra, sin embargo, descalificó la seriedad de la situación y solicitó a un miembro del JEM, que tiene la potestad de actuar contra jueces y fiscales, que infunda temor a quienes se atrevan a investigar a su círculo cercano.
«Esto se llama tráfico de influencias fehacientemente comprobada», destacó la abogada Peralta, quien señaló que la actuación de Gamarra podría constituir un caso de violación a la Constitución, que prohíbe el uso indebido de influencias. La respuesta de Maidana fue igualmente polémica, apoyando las inquietudes de Gamarra y cuestionando el proceder judicial, lo que ahonda la narrativa de utilización de la justicia con fines políticos.
En medio de este escenario, Peralta criticó el silencio del Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, quien no ha emitido ninguna declaración sobre esta aparente intimidación a la fiscal. La abogada hizo un llamado a la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay para que actúe ante estos actos que consideran intolerables en una democracia saludable.
La situación ha generado preocupación en la opinión pública, especialmente entre aquellos que critican la impunidad percibida por los miembros del partido en el poder. La exsenadora Desirée Masi y el abogado Jorge Rolón Luna expresaron su descontento, argumentando que las amenazas abiertas a los fiscales reflejan la decadencia del régimen actual. Ambos remarcaron que la falta de denuncias formales ha contribuido a que ciertas figuras políticas se sientan libres de actuar sin consecuencias, intensificando el llamado a una respuesta más enfática desde las instituciones judiciales.
Este episodio se suma a un contexto más amplio de presiones sobre el poder judicial en Paraguay, recordando casos anteriores donde se han filtrado comunicaciones que evidencian intentos de manipulación por parte de políticos hacia fiscales y jueces. La comunidad sigue atenta ante el desarrollo de estas circunstancias, que podrían tener un impacto significativo en la integridad del sistema judicial del país.
