El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, defendió los recientes Decretos Nº 5306 y 5307, afirmando que el objetivo principal es fomentar el desarrollo nacional al utilizar la energía producida en Paraguay en lugar de permitir que se destine al extranjero. Aseguró que se busca generar riqueza a partir de los recursos hidroeléctricos, en lugar de cederlos, especialmente a Brasil.
La promulgación de esta normativa ha generado opiniones polarizadas. El Gobierno busca establecer un nuevo modelo de «Energía a X» para atraer inversiones del sector privado en energías renovables no convencionales. Riquelme enfatizó que los recursos hidroeléctricos deben ser una oportunidad para el crecimiento industrial, y no un obstáculo para la inversión.
Sin embargo, la situación provoca inquietud entre grupos profesionales, como la Unión de Ingenieros de la ANDE y el Sindicato de Trabajadores de la ANDE. Estos gremios han expresado su preocupación por las tarifas fijadas en los decretos, ya que consideran que estas podrían perjudicar a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) al establecer precios por debajo del costo real para grandes consumidores.
Los ingenieros han calificado la situación como una «usurpación de competencias» que atentaría contra la autonomía tarifaria de la ANDE. Durante recientes audiencias en el Congreso, se advirtió que los decretos podrían contradecir el Artículo 112 de la Constitución Nacional, planteando así serias dudas sobre la sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional.
Además, organizaciones civiles han solicitado una auditoría a la Contraloría General de la República, citando pérdidas millonarias previas enfrentadas por la ANDE debido a subsidios. Los sindicatos han manifestado su intención de emprender acciones legales, que podrían incluir una huelga general, en caso de que el Gobierno no revise estas disposiciones, intensificando la controversia en torno a este amplio tema de impacto nacional.
