La Cámara de Apelaciones ha emitido un fallo de sobreseimiento definitivo a favor del senador Hernán David Rivas Román, quien estaba acusado de haber utilizado un título de abogado presumiblemente falsificado para asumir como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La decisión fue tomada por el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, con una votación mayoritaria, en la que los jueces Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez Faría se pronunciaron a favor, mientras que José Agustín Fernández expresó su disidencia.
A través de un comunicado, el Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) ha manifestado su preocupación por este veredicto, al considerar que puede representar una «apariencia de legalidad al servicio de la impunidad». Según el CAP, esta acción amenaza el principio de igualdad ante la ley y socava la vigencia del Estado de Derecho, además de poner en jaque la independencia de los operadores del sistema judicial.
El gremio de abogados subrayó que la implicación de un senador en la supervisión judicial debe venir acompañada de un estándar elevado de conducta pública. Constatando que Rivas, quien ha ejercido un papel crucial en el JEM, ha obtenido un sobreseimiento en una causa que cuestiona la autenticidad de su documentación profesional, el CAP sostiene que esta es una situación que exige una respuesta institucional adecuada.
Asimismo, el comunicado del CAP critica las inconsistencias en la argumentación del tribunal que facilitó el sobreseimiento. Aseguran que la resolución presenta contradicciones que deslegitiman su base y representan un peligro para el sistema legal, ya que podría dar paso a la impunidad para quienes ocupan cargos legislativos.
La situación se complica aún más por denuncias de presiones y amenazas dirigidas a agentes fiscales encargados del caso, lo que ha llevado al CAP a exigir la protección del Ministerio Público y reafirmar la necesidad de que la justicia opere sin coacciones externas. El gremio ha instado a la Corte Suprema de Justicia a revisar el fallo del Tribunal de Apelación con celeridad y rigor, destacando que la confianza pública en las instituciones requiere una respuesta contundente.
Finalmente, el CAP ha solicitado la revocación de la matrícula profesional de Hernán David Rivas Román, argumentando que un título cuya procedencia no puede ser verificada no debería habilitar el ejercicio de la abogacía. De confirmarse la imposibilidad de reconstruir la autenticidad del título, según el CAP, este hecho debe ser atendido por las autoridades competentes para mantener la integridad del ejercicio profesional en el país.
