En una reciente sesión ordinaria, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha ratificado a la Abogada Carina Ruiz Díaz Noviski como juez penal itinerante de la Circunscripción Judicial de Itapúa. La decisión fue aprobada con cinco votos a favor y cuatro abstenciones, destacando la propuesta de confirmación realizada por la ministra María Carolina Llanes.
La ministra Llanes, junto a sus colegas Alberto Martínez Simón, César Diesel Junghanns, Víctor Ríos Ojeda y Luis María Benítez Riera, respaldaron la continuidad de Ruiz Díaz en su cargo. Sin embargo, miembros destacados del pleno, incluidos César Garay Zuccolillo, Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander Dans y Eugenio Jiménez Rolón, se abstuvieron debido a su historial con el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Garay Zuccolillo recordó que la magistrada fue objeto de un proceso disciplinario que, en noviembre de 2024, resultó en un apercibimiento en lugar de su destitución, decisión alcanzada por falta de un voto. Estos antecedentes fueron cruciales en el debate, donde él se opuso firmemente a su confirmación.
La trayectoria de Ruiz Díaz ha estado marcada por casos como el de Oscar Ramón Cardozo, apodado «King Kong», quien fue beneficiado con arresto domiciliario, así como otras decisiones controversiales relacionadas con acusados de narcotráfico. A pesar de estas críticas, la ministra Llanes defendió a Ruiz Díaz, argumentando que las denuncias en su contra eran parte de una “feroz persecución” motivada por su integridad.
Durante la discusión, surgieron propuestas sobre cómo mejorar el proceso de evaluación de candidatos, incluyendo la posibilidad de que las ternas propuestas contaran con informes actualizados de diferentes organismos que evalúan el desempeño judicial. Esta sugerencia fue cuestionada por algunos miembros del pleno, quienes defendieron la autonomía de la Corte.
Por su parte, el presidente del tribunal, Alberto Martínez Simón, sugirió la implementación de un acceso telemático a informes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Tribunal de Ética para que los ministros cuenten con toda la información pertinente al momento de decidir sobre las confirmaciones.
