Un amplio entramado de tráfico internacional de cocaína ha salido a la luz tras el análisis de las comunicaciones de Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, capturado en Brasil durante la operación Turf en febrero de 2021. La Policía Federal de Brasil realizó una extracción de datos de su celular, revelando vínculos con figuras clave de la política y el crimen organizado en Paraguay.
Entre los contactos de Marcus se encuentra Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, quien en ese entonces ocupaba el cargo de Ministro del Interior. La relación entre ambos llevó a la destitución de Giuzzio por parte del presidente Mario Abdo Benítez en febrero de 2022, y a su posterior imputación por cohecho pasivo agravado debido a las conversaciones reveladas, que transcurrieron entre julio de 2021 y febrero de 2022.
Las investigaciones también han implicado a Sebastián Enrique Marset Cabrera, un presunto meganarco uruguayo, cuyo historial de comunicaciones con Marcus se evidencia desde julio de 2021. Marset, detenido en Bolivia en 2026, sostiene un importante liderazgo dentro de la red de tráfico de drogas, y su situación se complica con su conexión a otras operaciones criminales, incluida la conocida como operación Smart, que investigaba sus actividades en Paraguay.
Los mensajes intercambiados entre Marcus y Marset sugieren que este último contaba con información privilegiada sobre investigaciones en su contra. En diversos chats, Marcus advirtió a Marset sobre la llegada de investigadores uruguayos a Paraguay y reveló detalles sobre las autoridades que lo seguían.
La situación se torna aún más compleja con el arresto de Marset en Emiratos Árabes Unidos en 2021, cuando intentaba viajar a Grecia usando un pasaporte paraguayo falso. Su detención influyó notablemente en la organización criminal que lideraba, que se había visto afectada por su falta de disponibilidad para coordinar actividades.
Las implicaciones de estos hallazgos no solo afectan el panorama criminal, sino que también ponen de manifiesto la permeabilidad de las instituciones estatales ante el crimen organizado, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la corrupción y la eficacia de las políticas de seguridad en la región. Los casos continúan bajo investigación a medida que las autoridades buscan desmantelar este complejo entramado de corrupción y tráfico de drogas.
