Enjuician a Magistrados y Fiscal por Incendios en Reserva del Alto Paraguay
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ha decidido tomar acción contra cuatro magistrados y un agente fiscal, implicados en la investigación de los incendios forestales que devastaron más de 200,000 hectáreas de la reserva natural del parque Chovoreca, ubicada en el Alto Paraguay. La medida llega después de que el único acusado por el desastre, el ganadero Hugo Miguel Zelada, fuera sobreseído definitivamente en 2025.
Monseñor Gabriel Escobar, obispo de la región, mostró una «leve esperanza» en la Justicia tras el anuncio del JEM. Al resaltar la importancia de proteger el Alto Paraguay, conocido por ser un significativo pulmón ecológico, el obispo enfatizó que «existen personas dentro del Poder Judicial que quieren hacer bien su trabajo». Las consecuencias del incendio incluyeron no solo la pérdida de diversidad biológica, sino también un incremento en la contaminación del aire, que obligó a los residentes de Bahía Negra a usar tapabocas a diario.
Escobar advirtió que la recuperación de la fauna y flora afectadas por el incendio será un proceso largo, mencionando que los daños son irreparables a corto plazo. El religioso expresó su descontento por la decisión anterior de sobreseer al único imputado, argumentando que este caso sentó un precedente preocupante sobre la impunidad en cuestiones ambientales, que podría dar origen a futuros delitos ecológicos.
El JEM también determinó que el fiscal Gabriel Rolón Cantero y el magistrado Manuel Lezcano Godoy, quienes fueron responsables de la investigación inicial, así como otros jueces involucrados, demostraron un mal desempeño en sus funciones al no aplicar correctamente las leyes correspondientes. Estos procedimientos reflejan una «manifiesta parcialidad o ignorancia de las leyes», según la resolución emitida por el JEM.
Ante esta situación, el obispo subrayó la necesidad de que se imparte justicia para evitar que estos eventos se reproduzcan, advirtiendo que la falta de sanciones a los responsables podría desalentar la inversión en la región, afectando la seguridad jurídica de los bienes en el país.
