El reciente debate en torno al salario del presidente del Congreso paraguayo, Basilio Núñez, ha revelado un entramado de bonificaciones que no solo han incrementado considerablemente su remuneración, sino que también han suscitado interrogantes sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
Núñez, que asumió el cargo en julio de 2024, argumentó que su sobresueldo de G. 21 millones era una práctica habitual desde 2018. Sin embargo, documentos oficiales contradicen esta afirmación, y se ha sabido que una modificación al clasificador presupuestario en 2023 facilitó la inclusión de bonificaciones para los “ordenadores de gasto”, un beneficio que sus predecesores nunca utilizaron.
Este incremento patrimonial se hizo evidente en marzo de 2025, cuando su salario se disparó un 70%, convirtiéndolo en el líder del Poder Legislativo con ingresos sin precedentes en comparación a sus antecesores. Esto ha generado una ola de críticas y descontento entre la ciudadanía debido a la percepción de privilegios en el uso de los recursos públicos.
Además, la situación ha puesto de manifiesto que otros miembros del gabinete y ministros también han accedido a estas bonificaciones, lo que intensificó aún más la controversia. Mientras millones se destinan a salarios inflados, las voces críticas han exigido un análisis más profundo de la sutileza en la estructura salarial del gobierno.
En respuesta a estas críticas, Núñez ha anunciado la presentación de un proyecto de ley destinado a eliminar las bonificaciones en todos los poderes del Estado, aunque muchos lo consideran más un intento de aplacar el descontento social que una verdadera reforma estructural. La propuesta, al ser temporal, ha llevado a cuestionar las intenciones reales detrás de esta medida.
Este episodio destaca la necesidad urgente de una revisión en la normativa que regula los salarios y beneficios de los funcionarios públicos, para asegurar una gestión más ética y transparente que responda a las demandas de una sociedad ávida de justicia y equidad en el uso de los recursos estatales.
