Escándalo de sobresueldos en el Congreso paraguayo: la situación de Basilio Núñez
La reciente decisión del presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, de renunciar a una bonificación mensual de G. 21 millones ha generado un amplio debate en Paraguay. Esta práctica de sobresueldos, que Núñez defendió al argumentar que existía desde 2018, ha sido refutada por registros oficiales que demuestran lo contrario. En particular, se evidencia que sus predecesores optaron por mantener sus salarios sin añadir estas bonificaciones.
El Rubro 133 del Presupuesto General de la Nación, que abarca bonificaciones por responsabilidad, tuvo modificaciones técnicas en 2023 que facilitaron la implementación de sobresueldos. Mientras que otros presidentes del Congreso como Óscar Salomón y Silvio Ovelar no accedieron a esta prerrogativa, Núñez experimentó un aumento significativo de su salario a partir de marzo de 2025, con un crecimiento del 70% en su remuneración mensual.
La comparación con las gestiones anteriores revela una singularidad en el caso de Núñez, quien se convirtió en el único presidente del Congreso en autoasignarse tales montos. Desde 2017, figuras como Fernando Lugo, Silvio Ovelar y Blas Llano percibieron salarios estables sin sobresueldos, lo que destaca la excepcionalidad del actual escenario.
El tema ha cobrado mayor relevancia tras la publicación de una lista por parte de ABC Color, que incluye a otros altos funcionarios, quienes también reciben exorbitantes beneficios. A través de este escándalo, se han manifestado críticas sobre la falta de transparencia y equidad en la administración pública.
En un intento de calmar la creciente indignación ciudadana, Núñez ha anunciado la presentación de un proyecto de ley destinado a eliminar las bonificaciones en todos los poderes del Estado. Sin embargo, esta propuesta se presenta como un esfuerzo temporal, lo que ha suscitado dudas sobre la sincera intención de reformar el sistema y garantizar la austeridad en el uso de recursos públicos. La situación sigue desarrollándose mientras los ciudadanos exigen una respuesta clara y medidas más contundentes que aseguren justicia y transparencia en el manejo de fondos públicos.
