Amnistía Internacional denuncia nuevas restricciones a organizaciones civiles en América Latina
Amnistía Internacional ha emitido una alerta sobre el crecimiento de legislaciones restrictivas que afectan a las organizaciones de la sociedad civil en diversos países de América Latina. Durante la presentación de su informe titulado “Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas”, la organización destacó que estas normativas, en lugar de fomentar la transparencia, propician un cierre del espacio cívico y refuerzan prácticas autoritarias.
El documento examina eventos ocurridos entre 2024 y 2025 en naciones como Paraguay, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú y Venezuela, donde se han implementado o reformado leyes que imponen mayores controles sobre las ONG. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía, subrayó que se observa un “preocupante patrón regional” que tiene como fin silenciar voces críticas y consolidar el poder gubernamental.
El informe también revela que la aprobación de estas legislaciones ha ido acompañada de campañas de estigmatización, en las que las organizaciones sociales han sido catalogadas como “enemigos internos” o “agentes extranjeros”. Amnistía critica la falta de procesos adecuados de consulta pública y la rapidez con que se han tramitado estas leyes, muchas de las cuales carecen de evidencia que justifique su necesidad.
Las leyes analizadas incluyen medidas que facilitan un mayor control estatal sobre las organizaciones, tales como registros obligatorios y exigencias administrativas repetitivas. Asimismo, presentan definiciones vagas que abren la puerta a interpretaciones arbitrarias y establecen severas sanciones, que van desde multas hasta la cancelación de la personalidad jurídica.
Amnistía destaca que el impacto de estas normativas no se limita a las propias organizaciones, sino que repercute negativamente en las comunidades que dependen de su labor en la defensa de derechos, asistencia social y monitoreo institucional. Rosalía Vega, directora de Amnistía en Paraguay, enfatiza que la debilidad de la sociedad civil implica una pérdida de apoyo y representación para las comunidades.
En su informe, Amnistía Internacional demanda a los Estados que revisen estas leyes y subraya la necesidad de garantizar la libertad de asociación y evitar discursos estigmatizantes. La organización concluye que proteger el derecho a organizarse es fundamental para resguardar la esencia de los derechos humanos en la región.
