Expertos critican nuevas medidas fiscales del Gobierno que afectan la distribución de utilidades empresariales
La abogada y experta en derecho tributario, Nora Ruoti, ha expresado su profunda preocupación ante las recientes iniciativas del Gobierno destinadas a limitar las utilidades que las empresas pueden mantener en reservas. Según Ruoti, estas medidas, presentadas en un contexto económico complicado, son inconstitucionales y exceden las facultades de la Administración Tributaria.
El Ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, ha explicado que la propuesta contempla un plazo de tres años para que las empresas distribuyan utilidades acumuladas, en un intento por aumentar la recaudación tributaria en un escenario de «Economía de Guerra». Sin embargo, esta medida ha generado un amplio rechazo entre empresarios y expertos, que consideran que el enfoque debería ser una mayor austeridad por parte del Gobierno.
Ruoti argumenta que este tipo de regulaciones no solo son técnicamente inapropiadas, sino que también constituyen una grave injerencia en la autonomía de las decisiones empresariales. “La Administración Tributaria no puede alterar la esencia del régimen societario ni intervenir en cómo las empresas gestionan sus utilidades”, subrayó la experta.
Además, la abogada sostiene que las actuales disposiciones ya están reguladas por la ley tributaria, que establece una clara separación entre las decisiones de distribución de utilidades y la generación de impuestos. Al tratar de influir en estos determinantes, el Gobierno estaría desnaturalizando el marco legal vigente.
Ruoti también advirtió que estas medidas vulneran varios artículos de la Constitución Nacional, incluyendo aquellos que garantizan el derecho a la propiedad privada y la libertad de iniciativa económica. “Forzar la distribución de utilidades podría afectar ilegalmente el patrimonio empresarial”, concluyó, anticipando posibles acciones legales para salvaguardar el orden constitucional y la inversión en el país.
Las preocupaciones por el impacto de estas regulaciones sobre la confianza en el sistema económico son significativas. Ruoti enfatiza que tal intervención podría desalentar tanto las inversiones nacionales como internacionales, debilitando así el desarrollo económico que Paraguay ha logrado construir con esfuerzo y dedicación.
