Petróleos Paraguayos (Petropar) se encuentra envuelto en una controversia debido a la gestión de su gerente de Comercio Exterior, Ramón Benítez, quien ha estado otorgando prórrogas a la empresa catarí Doha Holding Group LLC. Esta firma, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, no ha cumplido con la entrega de las 100.000 toneladas métricas de gasoíl que le fueron adjudicadas, correspondiente a un contrato de más de 61 millones de dólares, acumulando así más de un año y medio de retraso.
Fuentes internas revelan que Benítez ha manejado estas extensiones “desde las sombras”, evitando ofrecer explicaciones al público sobre sus decisiones. Recientemente, para justificar la décima prórroga del contrato, envió un correo a Doha Holding solicitando su conformidad para la firma de una nueva adenda, que amplía el plazo hasta el 30 de abril, según indicaciones de la propia empresa estatal.
El intercambio de correos entre Benítez y los representantes de la firma catarí refleja la eventual aprobación de la prórroga, aunque no se aclara si se trata de Alejandro Domínguez o su hijo, ambos implicados en la negociación. Es notable que Julio Jiménez, un abogado que asesora a Doha Holding, también participó en esta comunicación, lo que añade otra capa a la complejidad de estos vínculos.
Benítez, que percibe un salario aproximado de 32 millones de guaraníes, se ha mantenido en silencio frente a las interrogantes de los ciudadanos sobre su papel en esta gestión. Aunque ha justificado la prolongación de la relación contractual citando razones de “índole crítica y estratégica”, se ha limitado a repetir argumentos previos que no reflejan los hechos recientes relacionados con la falta de cumplimiento por parte de Doha Holding.
A pesar de que el dictamen del gerente indica cuatro condiciones necesarias para la entrega que aún no se han cumplido, cabe destacar que el costo propuesto por la compañía catarí está muy por debajo del precio del mercado actual, lo que podría implicar pérdidas significativas para Petropar. Además, la legislación establece que las modificaciones contractuales deben basarse en circunstancias imprevistas y no pueden otorgar condiciones más favorables al proveedor, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de estas prórrogas.
Según documentación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), las condiciones previstas en el contrato original no permiten las modificaciones actuales, lo que agrega presión sobre la administración de Petropar para cumplir con la legalidad y garantizar la transparencia en sus procesos de contratación. Mientras se espera una resolución definitiva sobre este asunto, la situación sigue generando desconfianza entre la ciudadanía y especialistas en el ámbito del comercio exterior.
