Nacionales
«Tío Rico» solía visitar la casa que Erico Galeano vendió a supuesto testaferro, según testigo.
El juicio oral contra el senador Erico Galeano Segovia, afiliado a la ANR y vinculado al sector cartista, continuó este miércoles. Galeano está acusado de supuestos lazos con el esquema «A Ultranza», y el enfoque del día fue la venta de una casa en el condominio Aqua Village de Altos. Según la Fiscalía, el senador vendió la propiedad por un millón de dólares a Hugo González Ramos, acusado de ser testaferro de Miguel Ángel «Tío Rico» Insfrán Galeano, presunto narcotraficante.
El testigo Pablo Paredes, agente especial de la Unidad de Investigación Sensible de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), participó en el allanamiento en febrero de 2022 en Aqua Village, dentro del caso A Ultranza. Paredes declaró que el objetivo fue confiscar bienes de Insfrán Galeano, que supuestamente fueron comprados con dinero del narcotráfico.
En el allanamiento, encontraron una factura a nombre de Erico Galeano, un sello con el nombre de Insfrán y una camioneta de la empresa «Nuevo Horizonte», vinculada al lavado de dinero, según datos de la Fiscalía.
El testimonio de Paredes también reveló que el inmueble estaba registrado a nombre de Hugo González Ramos, posiblemente un testaferro de Insfrán. Se mencionó que es común que quienes están ligados a actividades criminales usen efectivo para comprar propiedades.
Olga Fleitas, perito encargada de la tasación del inmueble, declaró que el valor de la propiedad en marzo de 2024 fue de 755,508 dólares, considerando su ubicación y otras comparaciones dentro del mismo condominio.
Sin embargo, la pericia mostró que otro terreno dentro del mismo residencial, de dimensiones similares, está valorado en 160,000 dólares, lo que resaltó la jueza Inés Galarza al cuestionar esta diferencia.
El juicio proseguirá el martes 16 de septiembre a las 10:00, con más declaraciones de testigos según lo dispuesto por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado.
Usuarios, empleados y concesionarios de la Estación de Buses de Asunción (EBA) informaron que las lluvias del martes causaron nuevamente daños en el terreno municipal. Videos grabados por ellos muestran cómo el agua entra a través de los cielos rasos deteriorados de la estación.
El problema ocurrió en el sector “antiguo”, donde el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez decidió no destinar G. 18.000 millones para su reparación, dentro del plan de inversión de los bonos G7 (2021).
Tres años después de la emisión, el 13 de noviembre de 2024, Rodríguez, con el respaldo de la Junta Municipal, reasignó los fondos al “mejoramiento vial de calles y avenidas de la ciudad” mediante contratos abiertos.
En esa sesión, 12 colorados, exceptuando a César “Ceres” Escobar, Javier Pintos y Rosanna Rolón, junto con dos aliados, Augusto Wagner y Ramón Ortíz (PLRA), aprobaron la petición del intendente.
Casi un año después de esa modificación, ni las calles ni la terminal han sido mejoradas.
El 15 de octubre del presente año, el gabinete del intendente Luis Bello confirmó que el dinero del contrato ya no existía, por lo que no se había ejecutado.
El contrato para arreglar calles tiene fecha de agosto de 2024, tres meses antes de cambiar el destino del dinero. Según el concejal Álvaro Grau, la administración de Rodríguez incluso emitió un certificado de disponibilidad presupuestaria “falso” al firmar.
Las empresas adjudicadas para la obra son Construcciones y Viviendas Paraguayas SA (Covipa), representada por Óscar Antonio Rubiani, y Constructora Feldmann SA, representada por Alejandro Feldmann, cada una con G. 9.000 millones.
Rodríguez también desvió fondos significativos que podrían haber mejorado la terminal, usando los bonos G8 para pagar “insalubridad” a empleados municipales, según el interventor Carlos Pereira.
En julio de 2023, se pagaron G. 14.565 millones en remuneraciones y haberes, de los cuales G. 2.433 millones provinieron de la cuenta G8 para obras, y G. 1.988 millones se destinaron a «insalubridad.»
Pereira indicó que Rodríguez mantuvo 39 áreas declaradas “insalubres,” con 26 en esa situación por más de 29 años. Desde 2007, todos los espacios y áreas de la Estación de Buses están catalogados así.
Rodríguez renunció el 22 de agosto de 2025 ante la posibilidad de su destitución y un informe contundente sobre su gestión. Pereira documentó desvíos de G. 512.000 millones de los bonos G8 para obras mediante prácticas ilegales. Rodríguez enfrenta al menos ocho causas penales, incluidas acusaciones por lesión de confianza y asociación criminal en el caso de los “detergentes de oro.”
Los diputados opositores y algunos disidentes del Partido Colorado criticaron a Juan Carlos Baruja, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), por no abordar el déficit de vivienda y seguir utilizando recursos del Estado para fines personales de manera abusiva.
El diputado independiente Raúl Benítez afirmó que es momento de abandonar prácticas atrasadas y pensar en el futuro, destacando un déficit de 200 mil viviendas en el país. Criticó al ministerio por estar estancado en un modelo obsoleto y propuso un cambio hacia un modelo habitacional más integral.
Mauricio Espínola (ANR-Añetete) cuestionó el uso particular de un vehículo Audi Q3 por parte de Baruja, entregado al MUVH por Senabico, señalando que fue utilizado para actividades personales como ir al supermercado y llevar a sus hijos al colegio.
Espínola también resaltó la necesidad de eliminar las prácticas abusivas que generan descontento en la ciudadanía. Por su parte, la diputada Johanna Ortega (PPS) instó a Baruja a revisar el proyecto de la oposición para un modelo habitacional más integral que incluya mejoras en los servicios públicos básicos.
En defensa, los partidarios de Baruja, afirmaron que el ministerio entrega viviendas semanalmente en todo el país, destacando el proyecto Che Róga Porã, con Néstor Castellano señalando que en dos años se ejecutaron 42 mil soluciones habitacionales, de las cuales 26 mil ya se entregaron.
Ida Cattebeke (ANR-HC) agradeció el beneficio de viviendas sociales para una comunidad indígena y mencionó el compromiso de Santiago Peña, Pedro Alliana y Baruja con las familias más necesitadas.
Nacionales
Senado discutirá mañana la ley de protección de datos personales y advierten que propuestas podrían afectar la ley de acceso a la información pública
En una reunión especial, la Comisión de Legislación del Senado decidió apoyar mayoritariamente la versión del polémico proyecto de protección de datos personales aprobada por la Cámara Alta. Aunque se considera menos restrictiva que la de Diputados, el senador Rafael Filizzola (PDP) advirtió que ambas perjudican la Ley de Acceso a la Información Pública. Este proyecto está previsto para la sesión de mañana a las 9:00.
Filizzola recordó que el artículo 28 de la Constitución Nacional garantiza el libre acceso a las fuentes públicas de información, un principio que, según él, está en peligro con esta ley. Expresó que el acceso a la información es un derecho fundamental, y criticó la norma por considerarla perjudicial. Además, mencionó un desmantelamiento de políticas anticorrupción bajo el contexto político actual.
Criticó al Gobierno de Santiago Peña por promover un retroceso institucional, mencionando la eliminación de la Secretaría Nacional Anticorrupción, la derogación de la ley de puertas giratorias y la subordinación del Tribunal de Cuentas al Poder Ejecutivo, lo que, según él, debilita la rendición de cuentas.
Filizzola argumentó que estos cambios favorecen conflictos de interés y prácticas cuestionables, citando casos como el de personas vinculadas a Cartes que asumen cargos en el Banco Central o el Ministerio de Economía, mientras Peña realiza negocios con el Estado.
El Bloque Democrático de oposición, al que pertenece Filizzola, anunció que no apoyará ninguna de las dos versiones del proyecto, considerando ambas dañinas para el derecho a la información. Aunque su influencia es limitada, buscan manifestar su oposición técnica.
De cara a una posible aprobación, Filizzola instó al presidente Santiago Peña a vetar el texto. Declaró que, aunque el objetivo original del proyecto era proteger los datos personales, termina afectando la Ley de Acceso a la Información Pública. Se necesitan 23 de 45 votos para ratificar la versión «menos restrictiva» del Senado.
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