La Corte Suprema de Justicia ha decidido suspender a la jueza de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz, junto a varios funcionarios de las dos secretarías de dicha sede judicial. Esta decisión surge a raíz de una serie de irregularidades detectadas en juicios de cobro de guaraníes, auditados en el contexto de la mafia de los pagarés.
La investigación relacionada con las denuncias de la mafia de los pagarés ahora ha alcanzado a la jueza de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz. En la sesión ordinaria de hoy, la Corte Suprema de Justicia acordó suspender a la titular de esta sede judicial y a varios de sus funcionarios.
La suspensión se llevará a cabo con salario básico, puesto que así lo decidieron por mayoría los ministros Eugenio Jiménez, Víctor Ríos, María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y César Diesel. Por otro lado, los ministros Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander y César Garay propusieron la suspensión sin goce de sueldo para todos los implicados en las irregularidades.
Eugenio Jiménez Rolón explicó que, aunque la investigación aún no ha concluido, se han encontrado irregularidades significativas, por lo que propuso que la suspensión sea con goce de salario mínimo.
Esta medida se basa en la auditoría de gestión realizada por la Dirección General de Auditoría en mayo pasado, que revisó más de mil expedientes. Los antecedentes del caso han sido enviados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público para que tomen las medidas pertinentes.
No se mencionó el nombre de los funcionarios suspendidos, pero los casos corresponden a las secretarías a cargo de Elena Noemí Ojeda y Raúl Ernesto Jara Foth. La auditoría reveló serias irregularidades en 1,064 expedientes, violando la defensa en juicio y el Código de Ética Judicial.
Además, hay acusaciones en curso contra 67 personas, incluidos jueces, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados. Este caso expone una red que despojaba de dinero a los demandados sin su conocimiento. Hasta el momento, unas cinco mil personas se han presentado como víctimas de esta mafia en todo el país, lo que ha generado más investigaciones que podrían llevar a nuevas acusaciones.