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Suspensión de jueza de Paz de Luque por caso de pagarés
La Corte Suprema de Justicia ha decidido suspender a la jueza de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz, junto a varios funcionarios de las dos secretarías de dicha sede judicial. Esta decisión surge a raíz de una serie de irregularidades detectadas en juicios de cobro de guaraníes, auditados en el contexto de la mafia de los pagarés.
La investigación relacionada con las denuncias de la mafia de los pagarés ahora ha alcanzado a la jueza de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz. En la sesión ordinaria de hoy, la Corte Suprema de Justicia acordó suspender a la titular de esta sede judicial y a varios de sus funcionarios.
La suspensión se llevará a cabo con salario básico, puesto que así lo decidieron por mayoría los ministros Eugenio Jiménez, Víctor Ríos, María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y César Diesel. Por otro lado, los ministros Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander y César Garay propusieron la suspensión sin goce de sueldo para todos los implicados en las irregularidades.
Eugenio Jiménez Rolón explicó que, aunque la investigación aún no ha concluido, se han encontrado irregularidades significativas, por lo que propuso que la suspensión sea con goce de salario mínimo.
Esta medida se basa en la auditoría de gestión realizada por la Dirección General de Auditoría en mayo pasado, que revisó más de mil expedientes. Los antecedentes del caso han sido enviados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público para que tomen las medidas pertinentes.
No se mencionó el nombre de los funcionarios suspendidos, pero los casos corresponden a las secretarías a cargo de Elena Noemí Ojeda y Raúl Ernesto Jara Foth. La auditoría reveló serias irregularidades en 1,064 expedientes, violando la defensa en juicio y el Código de Ética Judicial.
Además, hay acusaciones en curso contra 67 personas, incluidos jueces, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados. Este caso expone una red que despojaba de dinero a los demandados sin su conocimiento. Hasta el momento, unas cinco mil personas se han presentado como víctimas de esta mafia en todo el país, lo que ha generado más investigaciones que podrían llevar a nuevas acusaciones.
El sector frutihortícola renovó su compromiso en la lucha contra el contrabando, al que consideran el principal obstáculo para la producción nacional y el sustento de miles de familias en Paraguay.
Mediante un comunicado, los productores de diversas regiones destacaron que el contrabando sigue siendo un grave problema para el país. Este afecta seriamente a la producción, la industria y los servicios, generando competencia desleal, informalidad y evasión fiscal, lo que deteriora la economía nacional.
“Nos sentimos vulnerables”
Los productores señalaron que enfrentan vulnerabilidad ante el contrabando, pero trabajan arduamente para asegurar que no falten sus productos en las mesas de los paraguayos. La actividad también les ayuda a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación.
Aunque enfrentan dificultades debido a la persistente informalidad, a pesar de las mesas de diálogo con las autoridades, los resultados han sido solo temporales, sin una política estatal sólida y duradera.
Apreciaron la postura del actual gobierno, quien ha mostrado un esfuerzo sin precedentes en combatir el contrabando, como se evidencia en el Operativo ‘Jejoko Mbarete’, con la colaboración de varias entidades estatales.
El 29 de octubre de 2025, a las 18:34, la Cámara Alta escogió al senador Pedro “Pipo” Díaz Verón (ANR, HC) como nuevo miembro suplente en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con 28 votos a favor. Díaz Verón sustituye a Norma Aquino “Yamy Nal”, exsenadora cuya investidura fue revocada después de involucrar a algunos colegas cartistas en una presunta distribución de fondos de Taiwán.
La candidata opositora, Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y respaldada por Eduardo Nakayama (independiente), obtuvo 13 votos. Díaz Verón es hermano del exfiscal general Javier Díaz Verón, quien enfrenta un nuevo juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero tras una controvertida absolución.
Además, el senador está casado con Adriana Judith Narváez Legal, jueza electoral de Guairá. Se unió al cartismo en medio de investigaciones sobre la gestión de US$ 2.000.000, transferidos para la reactivación económica durante la pandemia del COVID-19, cuando era gobernador de Caazapá.
El 29 de octubre de 2025 a las 17:14, los residentes locales mencionan que la falta de medidas de seguridad en una obra les obliga a enfrentar desafíos diarios simplemente para llegar a sus casas. Según Montserrat Rojas, «No hay cercas ni iluminación nocturna, estamos desprotegidos».
La comunidad ha denunciado la inseguridad en las cercanías del cauce Santo Domingo, afirmando que el acceso a sus hogares es casi imposible, y enfrentan múltiples incomodidades. Montserrat Rojas, arquitecta, comenta: «Aunque no soy la más perjudicada, acceder a este lugar es para aventureros». Añade sobre la obra: «Es irresponsable la forma en que se desarrolla. Sin lluvias, el cauce no parece problemático, pero con lluvia se desborda, y tener el talud sin protección es extremadamente peligroso para los que vivimos aquí».
Aunque enfrentan incomodidades, lo hacen con la esperanza de un futuro mejor. Se destaca que el proyecto debe finalizar para el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, la espera implica riesgos innecesarios, ya que no hay barreras ni luces. La afectada recuerda que antes había un ingeniero que les informaba del progreso, pero ahora el equipo cambió y desconoce a los responsables actuales. Según dice, hablan con el dueño de la empresa y el ingeniero para exigir medidas de seguridad.
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