El reciente proyecto de ley del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía, presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso, ha generado críticas intensas de algunos sectores políticos y sociales. Estos advierten que la propuesta podría permitir la privatización oculta de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
El proyecto crea un nuevo «superministerio» con amplias facultades para contratar generación eléctrica a través de Alianzas Público-Privadas (APP) y la Ley de Promoción de Inversiones en Infraestructura. Ricardo Canese, exparlasuriano, advierte que esto podría llevar a la privatización de ANDE, actualmente desfinanciada por decisiones gubernamentales.
Canese critica que haya una tarifa de Itaipú de 19,28 dólares por kW/mes, superior al costo sin deuda de 8,87 US$/kW-mes. Esto representa un sobrecosto para ANDE de más de 300 millones de dólares anuales, cifra que aumentaría con la demanda eléctrica.
Además, se critica el régimen tarifario para criptomineras, subrayando que estas actividades generan significativamente menos empleo y han causado un perjuicio financiero considerable.
Según Canese, estas decisiones suman un vaciamiento de más de 500 millones de dólares al año para ANDE, dejándola sin recursos para ampliar la generación eléctrica. Considera esto parte de un plan para debilitar la empresa con el fin de justificar una eventual privatización.
Canese insta al Congreso a obligar al gobierno a cumplir el Tratado de Itaipú, respetar la legislación orgánica, y exportar energía a precios de mercado. También alerta sobre los privilegios establecidos en la propuesta de ley, que podrían llevar a altas tarifas y subsidios pagados por los contribuyentes.