Nacionales
SPP expresa preocupación por ataques a periodistas y activistas por parte de senadores
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) expresó preocupación por ataques contra periodistas y activistas por parte de senadores, en el marco del debate sobre el proyecto de ley de control a oenegés.
“Durante la sesión de la Cámara de Senadores del pasado lunes 8 de julio, en el marco del debate sobre la Ley de Control a oenegés, senadores y senadoras realizaron ataques contra periodistas y activistas, con el claro fin de hostigarlos”, señalaron desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).
En ese sentido, manifestaron preocupación respecto a estas prácticas que implican un intento de atacar la libertad de expresión de periodistas y activistas.
“Es saludable que todos los sectores puedan organizarse y expresarse libremente, sin caer en ataques ni campañas de descrédito”, indicaron.
A su vez, expresaron que resulta aún más grave que los ataques hayan sido proferidos contra periodistas y organizaciones que han realizado publicaciones e investigaciones que afectan al poder político, configurándose una clara represalia contra los mismos.
“Recordamos, una vez más, que las autoridades tienen una responsabilidad superior en este sentido, ya que sus acusaciones y señalamientos pueden derivar en hechos de violencia contra periodistas y activistas”, advirtieron.
Entre tanto, llamaron, nuevamente, a un amplio compromiso con la libertad de expresión, en general, y particularmente con el ejercicio libre del periodismo, con el fin de fortalecer las bases de la democracia.
“Los ataques judiciales, la violencia, los hostigamientos y señalamientos contra quienes ejercen su derecho a expresarse, que han venido ocurriendo en el último tiempo, deterioran y ponen en riesgo la democracia por la que tantos años hemos luchado”, remarcaron.
Senado da media sanción al proyecto
Los proyectistas oficialistas Gustavo Leite y Lizarella Valiente mostraron artículos periodísticos del pasado, que mencionaban la falta de control a las ONG. El primero, señaló que es es una “ley necesaria” porque la gente “tiene que saber en qué se usa el dinero”. Posteriormente, el también cartista Juan Carlos Nano Galaverna se unió al mismo discurso.
Con un video, Valiente sostuvo que las oenegés se “entrometen” en asuntos públicos para introducir a la sociedad la “agenda pro aborto e ideología de género”, además denunció que fueron los que estuvieron detrás de la campaña #ANRNuncaMás y apunto al respecto a la Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (Tedic).
La bancada del movimiento Honor Colorado (HC), junto a sus aliados, nuevamente impuso su cómoda mayoría en el Senado para aprobar el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
Con 34 votos a favor por el documento en general y 9 en contra dieron su aprobación en general a la propuesta legislativa, para luego, en el tratamiento en particular, dar finalmente su media sanción al proyecto.
La iniciativa fue fuertemente cuestionada por los sectores sociales, por la falta de un debate y la violación a la Constitución Nacional y tratados internacionales. Incluso, a criterio de las oenegés, se busca restringir la participación ciudadana en asuntos públicos.
El registro nacional de carácter obligatorio; la injerencia en bienes privados; la rendición detallada de las cuentas cada seis meses y las sanciones confiscatorias y desproporcionada son los principales cuestionamientos.
Fuente: Última Hora
Más de dos años después del inicio del gobierno de Santiago Peña, la situación de las empresas públicas empeora, acumulando pérdidas significativas, como ocurre con Copaco, Petropar, INC y Fepasa, según las auditorías más recientes del año 2024.
El exministro de Hacienda, Dionisio Borda, señaló que las críticas y el descontento de la ciudadanía están justificados debido a los deficientes servicios de las empresas estatales y la falta de transparencia y evaluación de resultados, así como la carencia de planificación futura.
Borda sugirió que es el momento para que las empresas públicas firmen contratos de gestión con el Consejo Nacional de Empresas Públicas y divulguen sus resultados. Se destacó que las auditorías externas de 2024 muestran pérdidas millonarias, y se cuestionó quién decidió llevar a cabo estas auditorías.
Durante el gobierno de Fernando Lugo se creó el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), que fue aprobado en el Congreso y se implementó con la Ley 5058 en 2013. Borda cuestionó si este consejo sigue activo y confirmó que debe ejercer funciones de asesoramiento y apoyo en la gestión de las entidades públicas.
El consejo incluye al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. Sin embargo, Borda indicó que se han ignorado estos temas durante varios gobiernos, ya que no se reúnen ni ejercen sus funciones conforme a la ley.
El caso de Petropar es significativo debido a un proceso de compra urgente prorrogado nueve veces, sin explicaciones públicas. La empresa, sin ser privada, extendió un contrato con una firma catarí por 61 millones de dólares hasta febrero de 2026.
Preocupa además que la tendencia a la baja de los precios de los combustibles y la depreciación del dólar no se reflejen en una baja de precios internos. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) aún no ha dado conclusiones, y el Congreso no ha llamado al presidente de Petropar, Eddie Jara, pese a un aumento significativo en su patrimonio.
Otras empresas como Essap, Copaco, INC, Fepasa y Capasa carecen de planes y no rinden cuentas. Borda cuestionó dónde está el CNEP y sus recomendaciones legales.
Sobre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Borda mencionó una propuesta de ajuste tarifario para sectores electrointensivos e industriales en 2026. Itaipú no ha cumplido con transferir 300 millones de dólares anualmente, y se reporta una pérdida energética del 21,9% en 2024.
Un experto retirado de la ANDE destacó la necesidad urgente de mejorar la rentabilidad y gestión para cubrir costos e inversiones, con una rentabilidad negativa consistente en los últimos años.
Borda subrayó que la falta de planificación a mediano y largo plazo provoca reacciones en la ciudadanía y enfatizó que el CNEP debe actuar ante las crisis de las empresas estatales. Señaló que los criterios políticos siguen prevaleciendo sobre los técnicos, resultando en servicios públicos inadecuados.
El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00, el Tribunal a cargo del juicio contra el juez de Paz de Ybycuí, Francisco Goiburú Martínez, por presunto prevaricato, consideró la opción de modificar la calificación legal de la Fiscalía. Goiburú también enfrentará acusaciones por supuesta extorsión.
El Tribunal Especializado en Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez y compuesto por Yolanda Morel y Karina Cáceres, informó a Goiburú y otros dos acusados que podrían enfrentar nuevos cargos según el artículo 400 del Código Procesal Penal, que permite cambiar la calificación legal propuesta. Así, Goiburú, acusado de prevaricato, también deberá responder por extorsión.
Los coacusados Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Benítez enfrentan cargos por extorsión y prevaricato. La Fiscalía, representada por Natalia Cacavelos, afirma que Goiburú incurrió en prevaricato al tramitar una acción civil sin justificación legal adecuada.
Rodolfo Vega, testigo en el juicio, relató que compró al contado un camión que le fue arrebatado tras una demanda falsa presentada por Julio Martínez Isasi en 2021. Vega solicitó ayuda al abogado Ernesto Garcete, quien le pidió dinero para «combustible» por indicación del juez. A pesar de pagar, Vega aún no ha recuperado el camión.
Goiburú sigue en funciones mientras el juicio continúa.
Nacionales
Pablo Benegas solicita anular su condena a 12 años de prisión y celebrar un nuevo juicio
El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00 am, el músico Pablo Benegas apeló su condena a 12 años de prisión por abuso sexual infantil y pornografía, solicitando un nuevo juicio con un tribunal diferente. Argumenta que el tribunal original interpretó incorrectamente las pruebas y no justificó adecuadamente el rechazo de los argumentos de la defensa.
La apelación, respaldada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, desafía la Sentencia Definitiva N° 536 del 17 de octubre de 2025, emitida por el tribunal encabezado por la jueza Lourdes Garcete e integrado por Rossana Maldonado y Juan Ortiz, que condenó unánimemente a Benegas. La defensa sostiene que la acusación de la fiscala Claudia Aguilera no se sostenía, pues las evidencias digitales no respaldaban la condena.
La defensa también señala que un video clave para la condena tiene dos fuentes diferentes en la pericia: «fuente de WhatsApp» y «fuente galería», lo que sugiere manipulación de evidencia.
Benegas considera la pena «desproporcional» debido a su adicción a las drogas, argumentando que la condena no facilita su reintegración social. La defensa afirma que Benegas no divulgó lo sucedido ni tuvo relaciones con las menores, culpando a la fiscalía de un manejo erróneo del caso.
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