La Ley de Protección a Periodistas estaba programada para ser discutida en el Congreso la semana pasada, luego de recientes atentados y las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Paraguay. El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) ha reportado al menos 100 casos de agresiones entre 2022 y 2025. La propuesta de ley también busca proteger a defensores de derechos humanos, siguiendo lo estipulado por la mencionada corte internacional.
El SPP ha urgido la aprobación de la Ley de Protección a Periodistas, que podría debatirse pronto en el Congreso. La iniciativa ha cobrado relevancia tras la visita de la Corte IDH y numerosos ataques a periodistas en múltiples regiones del país.
Santiago Ortiz, secretario general del SPP, confirmó que el Congreso ha decidido tratar el proyecto y considerará posibles modificaciones. En los últimos tres años, principalmente bajo el gobierno de Peña, se han registrado más de 100 agresiones a periodistas, incluyendo amenazas, hostigamientos y ataques armados, lo que se ha vuelto habitual.
Ortiz explicó que las agresiones son comunes debido a una estructura social, política y económica que fomenta la ilegalidad. Señaló que es urgente que el Estado desarrolle políticas públicas para garantizar la protección de los periodistas, lo cual es esencial para el derecho del ciudadano a recibir información.
El dirigente criticó los discursos de hostigamiento desde el poder político, destacando que este periodo legislativo ha sido particularmente agresivo hacia los periodistas.
El proyecto de ley se basa en tres pilares:
- Prevención: Campañas de sensibilización y capacitación para funcionarios, fiscales y policías.
- Protección: Creación de un mecanismo para medidas inmediatas, como custodia y traslados.
- Acceso a la justicia: Que las agresiones sean de acción penal pública y no privada.
Además, la propuesta también busca proteger a defensores de derechos humanos, expuestos a amenazas similares. Se destaca la importancia de proteger a líderes indígenas, campesinos y comunitarios que defienden sus derechos y territorio.
Ortiz enfatizó que no se trata de un privilegio corporativo, sino de una medida esencial para proteger a quienes arriesgan su vida informando y defendiendo comunidades.
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