Nacionales
SPP asegura que buscan “acallar y amedrentar” a una periodista por su trabajo

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) afirmó que “sectores vinculados a poderes fácticos” buscan acallar y amedrentar a una trabajadora de prensa ya que se vieron afectados en sus privilegios a partir del desempeño de la periodista.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) expresó su “solidaridad ante la campaña de difamación, calumnia e injuria” hacia la periodista Fiona Aquino. “Dicha campaña proviene de sectores vinculados a poderes facticos que vieron afectados sus privilegios a partir del trabajo periodístico realizado por nuestra compañera”, agregó la organización.
Para el SPP, esta grave situación “busca acallar y amedrentar a una colega” y eso debe ser repudiado por todos los sectores sociales y políticos que defienden la democracia y la libertad de expresión.
Durante el viernes, usuarios de X que responden al cartismo insinuaron algunas cuestiones que involucraron al fiscal Aldo Cantero y afectaron a la persona de Aquino, trabajadora de AbcTV. Cantero imputó recientemente al ex presidente Mario Abdo Benítez y otros funcionarios de su Gobierno, pero luego de la filtración de unos supuestos chats donde se demostraba que tuvo el direccionamiento del abogado del ex mandatario Horacio Cartes, fue apartado de la investigación.
“Voceros del poder que sin tener potestad de juez, fiscal o siquiera ser representante de una parte, lanzan acusaciones descabelladas que no solamente constituyen una violación a las normas jurídicas vigentes sino también una forma repudiable de violencia machista”, afirmó la organización de los trabajadores de prensa.
Asimismo, recordó que este episodio “se enmarca una vez más dentro de los constantes ataques hacia el trabajo periodístico”, que en este caso se agravó por acusaciones “sin fundamento y con tono íntimo”.
“Instamos nuevamente a la defensa del trabajo periodístico y la protección integral de las compañeras desde todas las instancias del Estado”, expresó finalmente el SPP.
Fuente: Última Hora



Durante la pandemia de COVID-19, el Ministerio Público acusó al exintendente de Asunción, Óscar «Nenecho» Rodríguez, de abuso de confianza y asociación ilícita por la compra del «detergente de oro». Como máxima autoridad, Rodríguez habría colocado personas de su confianza en puestos clave y permitido un daño de 1.808 millones de guaraníes al municipio. La fiscalía, representada por Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, sostiene que los fondos del gasto 831 no se usaron adecuadamente para la emergencia.
En 2020, Nenecho, como líder municipal, debía manejar los recursos con responsabilidad. Él ubicó a Nidia López y Wilfrido Cáceres en cargos estratégicos. Según el artículo 28 de la Ordenanza N° 608/15, la administración del Fondo Municipal era función del intendente. La acusación alega que no se reguló el uso del fondo de emergencia a tiempo. Las compras supuestamente simuladas entre 2020 y 2021, como la del detergente francés, supusieron un gran perjuicio económico. Ahora, el juez Rodrigo Estigarribia debe fijar fecha para la audiencia preliminar.

Nacionales
Lo detuvieron por agresivo, advirtió que mataría a su esposa si salía y cumplió

Orden de captura para un exconvicto peligroso acusado de feminicidio en Santa Rosa del Aguaray
Desde esta madrugada, las autoridades buscan a un exconvicto que supuestamente apuñaló a su pareja en Santa Rosa del Aguaray. El individuo había sido detenido 12 días antes por agredirla y advirtió que la mataría al ser liberado.
El lamentable hecho ocurrió en una vivienda del barrio Villa del Maestro, en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.
La víctima, identificada como Antonia Salinas Espinoza, de 27 años, fue hallada sin vida por una de sus hermanas. El sospechoso, Derlis Adilson Dávalos, de 31 años, quien ahora está prófugo, llamó a la hermana de Antonia para que revisara la casa, insinuando que él había cometido el asesinato. Encontraron a Antonia muerta junto a su cama.
Antonia deja a una hija de nueve años, que fue testigo de la violencia que vivía su madre.
Intervención policial previa
El 24 de agosto, los mismos policías que están investigando ahora el feminicidio habían intervenido para proteger a Antonia cuando Derlis la agredió brutalmente. En esa ocasión, él le había puesto un revólver en la boca frente a su hija.
A pesar de ser detenido, Derlis amenazó con matarla al recuperar su libertad. Según la investigación, aparentemente planeó y ejecutó su venganza tras salir de la comisaría. El fiscal Juan Daniel Benítez está a cargo del caso.
Antecedentes de Derlis
La pareja tenía un historial de episodios violentos. Derlis tiene registros por infracciones como lesiones graves, violación de patria potestad, coacción, privación de libertad, coacción sexual y violación, violencia familiar y violación de la ley de armas.
Tiene prohibiciones de salir del país, portar armas, consumir alcohol y acercarse a la víctima. Sin embargo, había recibido beneficios legales como suspensión de la ejecución de la condena y extinción de la pena, según el sistema policial.
Nacionales
El Cartismo utilizó la intimidación como táctica para silenciar a opositores en la Cámara de Diputados

El pasado martes, la sesión ordinaria de Diputados fue interrumpida debido a incidentes que ocurrieron después de que el diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista) presuntamente provocara al diputado Raúl Benítez (independiente) al hablarle por la espalda mientras este intervenía.
Raúl Benítez pidió a Esgaib que regresara a su lugar y dejara de interrumpirlo, lo que intensificó la situación. Se sumaron más incidentes protagonizados por Jatar “Oso” Fernández y Esteban Samaniego, ambos cartistas y reincidentes, con la aparente aprobación de Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados.
Latorre, en lugar de aplicar el reglamento y llamar al orden, solo pidió respeto y suspendió la sesión temporalmente.
Esgaib continuó provocando a Benítez incluso después de interrumpirlo, exponiendo el dedo del medio. Esta táctica consiguió que el diputado opositor no pudiera continuar cuestionando a la senadora colorada cartista Lizarela Valiente y a su pareja, el imputado exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.
Al reanudarse la sesión, los cartistas propusieron una sesión extraordinaria sorpresa para aprobar rápidamente un paquete de leyes, evitando el debate en comisiones y la discusión pública.
La estrategia cartista de causar incidentes para cortar las sesiones se ha utilizado repetidamente para silenciar a los opositores y evitar que critiquen al Gobierno de Santiago Peña. En una ocasión anterior, Jatar Fernández hostigó a la opositora Leidy Galeano (YoCreo), casi llevando la situación al enfrentamiento físico. En ese momento se declaró otro cuarto intermedio, que los cartistas usaron estratégicamente para dejar sin quórum la sesión y hacer firme un veto presidencial sin debate.
«Oso» Fernández ha sido protagonista de incidentes similares, como cuando varios colegas lo contuvieron para evitar que confrontara a Raúl Benítez. También la diputada Cristina Villalba se enfrentó a una funcionaria a cargo de Benítez, echándola de la sala entre gritos y empujones.
En ninguno de estos casos los cartistas fueron llamados al orden, una medida que podría llevar a sanciones más severas. Aunque Esgaib fue suspendido por un mes por una agresión, fue defendido por la mayoría cartista en otra ocasión después de una reacción violenta hacia la prensa.
En contraste con el trato indulgente hacia los cartistas, Latorre ha sido estricto con los opositores. Por ejemplo, llamó al orden al diputado Miguel Martínez (PLRA) por referirse despectivamente a algunos colegas, lo que molestó a los de Honor Colorado, quienes inicialmente consideraron suspenderlo.
-
Nacionales2 semanas ago
Confiscan supuesta avioneta de narcotráfico y arrestan a piloto boliviano en Santaní
-
Nacionales11 horas ago
Wifi causó la muerte de un policía, afirma su familia
-
Nacionales6 días ago
Sentencian a un policía a 23 años de prisión por asesinar a un militar
-
Nacionales1 semana ago
A Ultranza: Pastor Insfrán acude a la CIDH por supuestas torturas en prisión