El juez penal de garantías de Pedro Juan Caballero, Martín Areco, resolvió este fin de semana modificar las medidas cautelares impuestas a tres de los cuatro agentes penitenciarios imputados por la desaparición de cinco pistolas de la armería de la Penitenciaría Regional, disponiendo el arresto domiciliario para dos de ellos.
De esta manera, únicamente un funcionario continuará recluido mientras avanza la investigación fiscal.
La decisión judicial se dio tras una audiencia de revisión de medidas, solicitada por las defensas técnicas, en el marco de la causa abierta por el presunto hurto especialmente grave ocurrido a finales de enero.
El magistrado consideró que, en dos de los casos, se daban las condiciones necesarias para conceder medidas alternativas, como el arraigo, la presentación periódica ante la Justicia y caución real.
Sin embargo, el principal implicado, identificado como el responsable directo de la custodia del arsenal, deberá permanecer privado de libertad. Según los elementos reunidos por el Ministerio Público, este agente cumplía funciones clave dentro del sector de armería, circunstancia que lo ubica como principal sospechoso del desvío de las armas, además de existir registros de movimientos llamativos durante el horario en que se produjo la desaparición del material bélico.
El caso provocó una fuerte repercusión institucional, derivando en la intervención administrativa del penal y en la remoción temporal de autoridades. La investigación continúa con el objetivo de determinar el destino final de las armas sustraídas, que hasta el momento no han sido recuperadas, en un contexto de alta preocupación por los riesgos que representa su posible circulación fuera del control estatal.