El proyecto de “blanqueo exprés” del diputado cartista Derlis Rodríguez, entre otras cosas, plantea acortar a solo 3 meses (90 días) el plazo máximo para que la Fiscalía presente imputación contra un sospechado o denunciado, de lo contrario, se puede solicitar la desestimación de la causa, plazo que gremios de magistrados, agentes fiscales e incluso abogados particulares alertaron de excesivamente cortos sobre todo para casos complejos como los de crimen organizado y corrupción.
Esto beneficiaría con la impunidad a casos del crimen organizado o la corrupción: Narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos de alto perfil o sicariato, e incluso abuso sexual (entre otros) que requieren plazos mayores de investigación para proceder a imputar.
Lo más grave es que la ley -de promulgarse- será de aplicación retroactiva, al ser más beneficiosa para el encausado, permitiendo incluso favorecer a criminales ya condenados y a mansalva.
Otros intentos similares
El mismo Esgaib ahora planteó ahora un proyecto que plantea poner en riesgo el estatus de Paraguay ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y mandarnos a la lista gris de los países fértiles para el lavado de dinero y bienes, iniciativa legislativa que aun no ha sido tratada.
Se trata del proyecto de ley “que regula el comiso de bienes en armonía con el artículo 20º de la Constitución Nacional”, que plantea eliminar la regulación aprobada en el marco de la evaluación de Gafi, y por el cual pretenden que el Estado no pueda comisar bienes de sospechados de crímenes y delitos, salvo que se tenga sentencia firme y se pruebe puntualmente el supuesto origen ilícito del bien en particular.
La iniciativa está llamativamente hecha a medida del caso del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, fallecido el 19 de agosto de 2024 en una allanamiento policial-fiscal a su residencia, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico, una causa por la cual sigue procesado el hijo del legislador, Alexandre Rodrigues Gomes.
Rechazaron la imprescriptibilidad de corrupción
Centurión, en un intento de que prospere su iniciativa incluso aceptó postergar para otro momento el aumento de penas para más casi una veintena de delitos relacionados a la corrupción pública, con el fin de que al menos se apruebe la imprescriptibilidad, para que básicamente los corruptos ya no logren impunidad mediante chicanas interminables.
Cartistas con su aliados (incluidos liberales), terminaron mandando al archivo el proyecto en su primer trámite.
