En medio de advertencias sobre su inconstitucionalidad, la mayoría oficialista y sus aliados, con 24 votos, decidieron ratificar y enviar al Poder Ejecutivo la versión del Senado. Varios sectores de la oposición pidieron al presidente Santiago Peña que vete esta normativa, considerándola un «retroceso histórico» en términos de transparencia y control ciudadano.
Los senadores Rafael Filizzola (PDP) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) expresaron que tanto la versión del Senado como la de Diputados violan el artículo 28 de la Constitución Nacional, el cual establece que “las fuentes públicas de información son libres para todos”.
Filizzola resaltó que «el artículo 28 dice claramente que las fuentes públicas de información son libres» y afirmó que esta ley violaría la Constitución y eliminaría la ley de acceso a la información pública, instando a Peña a vetarla.
Se informó además sobre la resistencia de cartistas al proyecto de protección de datos personales. Filizzola criticó al Gobierno actual por fomentar la impunidad y los conflictos de interés. Mencionó el cierre de la Secretaría Nacional Anticorrupción y la designación de personas con intereses conflictivos en altos cargos.
La senadora Paredes opinó que si los oficialistas defendieran la transparencia, deberían haber rechazado la versión de Diputados cuando regresó al Senado. Elías Kobilansky (Cruzada Nacional) insistió en que quienes trabajan en el sector público deben ser transparentes.
El senador Patrick Kemper (ANR-Honor Colorado) defendió la versión del Senado, argumentando que la responsabilidad recae en el Congreso, no en el presidente Peña.
Esperanza Martínez (Frente Guasu) ironizó al describir el proyecto como una mezcla de «Frankenstein y Drácula», señalando un trasfondo cleptocrático. Ignacio Iramain (Independiente) criticó ambas versiones del proyecto, sugiriendo que es mejor que el presidente lo rechace por inapropiado.
Colym Soroka (ANR, aliado cartista) admitió que el proyecto es defectuoso desde el inicio y dejó una tarea difícil al presidente. Natalicio Chase (ANR-HC) señaló la crítica de la oposición a un proyecto originalmente planteado por partidos tradicionales, sin mencionar que fue modificado por la mayoría cartista.
Con la ratificación del Senado, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo. La oposición pide al presidente Peña que use el veto, advirtiendo que la norma compromete la transparencia y el derecho al acceso a la información pública.
Filizzola concluyó que no apoyará esta inconstitucionalidad, mientras que el artículo polémico en la versión del Senado sugiere que el acceso a la información pública podrá denegarse si implica un detrimento mayor que el beneficio público.
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