Sánchez insta a Ayuso a modificar leyes madrileñas para evitar recursos legales en el Tribunal Constitucional.
Los gobiernos de España y la Comunidad de Madrid están en negociaciones para resolver un desacuerdo sobre un tramo de la ley de presupuestos autonómicos. El Estado considera irregular un punto que permite la contratación de personal temporal para la realización de obras o servicios, lo cual va en contra del Estatuto de los Trabajadores, según un informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Este conflicto ha llevado a la convocatoria de una comisión bilateral entre ambas partes como paso previo antes de acudir al Tribunal Constitucional si no se llega a un acuerdo. El Estado ya ha tomado medidas similares en marzo para impugnar aspectos concretos de las reformas de la ley contra la LGTBIfobia y la ley trans de la Comunidad de Madrid, aprobadas en diciembre.
Las discrepancias entre ambas administraciones vienen de lejos, remontándose a la llegada de Isabel Díaz Ayuso al poder en 2019. El Ministerio de Trabajo y Economía Social detectó la irregularidad en la normativa de los presupuestos autonómicos y la trasladó al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El artículo 37 de estos presupuestos hace referencia a la contratación de personal temporal a pesar de la reforma laboral de 2021 que eliminó este tipo de contratos.
Un portavoz del Gobierno central señala que las negociaciones actuales son para aclarar posibles dudas de inconstitucionalidad antes de recurrir al Tribunal Constitucional. La Comunidad de Madrid podría estar violando el orden constitucional de distribución de competencias al intentar introducir un nuevo tipo de contrato laboral en contradicción con el Estatuto de los Trabajadores.
Además del conflicto actual, el Estado y Madrid también están resolviendo litigios jurídicos en los tribunales sobre diversos temas, desde la gestión de la pandemia hasta la política fiscal. Esta confrontación constante en la que se discute artículo por artículo y ley por ley sin un final claro aparente refleja la tensa relación entre ambas administraciones.
