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PILAR

Habitantes de comunidades rurales en el distrito de Tacuaras han solicitado formalmente la intervención de la Fiscalía del Medio Ambiente. Denuncian que una empresa arrocera ha bloqueado el canal principal del arroyo Las Hermanas, causando inundaciones en diversas áreas. Esta solicitud cuenta con el respaldo del intendente de Tacuaras, Lorenzo Irún (PLRA).

El 5 de septiembre de 2025, los residentes de Tacuaras y Laureles reportaron inundaciones. Según ellos, estas fueron provocadas por las obras de una empresa arrocera en Punta Diamante. Lorenzo Irún presentó una solicitud al fiscal del Medio Ambiente, Milciades Ramos, con el apoyo de las comunidades de Tacuara’í, San Jorge, Piretû Cué, Punta Diamante y Yaguarón.

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Los habitantes acusaron a la empresa de obstruir los canales naturales del arroyo Las Hermanas para crear reservorios de agua y terraplenes para el cultivo de arroz. Esto habría afectado el ecosistema local y las fuentes de agua para consumo y producción.

Aunque no se mencionó oficialmente el nombre de la empresa en la solicitud, se supo que podría tratarse de AV Agroganadera S.R.L. Ademir Valkarenchi, su representante, afirmó estar dialogando con los vecinos para encontrar una solución conjunta.

Los pobladores esperan que la fiscalía actúe urgentemente para prevenir más inundaciones. En julio, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) realizaron una inspección en el área y encontraron varias irregularidades, según Rocío Mendoza, directora de Fiscalización Ambiental.

Mendoza informó que durante la inspección se detectaron obras hidráulicas de gran magnitud no incluidas en el Plan de Gestión Ambiental aprobado por Mades, lo cual podría estar afectando los humedales y áreas circundantes. Sin embargo, las autoridades municipales todavía no han recibido un informe oficial o confirmación de posibles sanciones por parte del Mades.

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En una operación conjunta, la policía de Tacuatí (San Pedro) y Horqueta (Concepción), junto con un equipo fiscal, realizaron un allanamiento para combatir el abigeato, arrestando a dos personas e incautando varias pruebas relacionadas con el delito.

La acción se desarrolló en la zona de Santa Librada, en un terreno comunal junto al río Ypané, frontera natural entre San Pedro y Concepción. Este lugar es frecuentemente usado por abigeos para faenar animales en un lado y venderlos en el otro, utilizando botes.

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El operativo fue liderado por el fiscal José Alberto Godoy Blanco, especializado en casos de abigeato en Santa Rosa del Aguaray, como parte de una investigación por denuncias recientes en la Comisaría de Tacuatí.

Durante el allanamiento, se incautaron varias evidencias importantes: cuatro bolsas de carne bovina, dos motocicletas, un vehículo Volkswagen Gol blanco, dos botes de madera (uno con motor fuera de borda), y un rifle calibre 22.

Joel Godoy Brizuela (35) y Federico López (18), ambos del distrito de Horqueta, fueron capturados mientras estaban en uno de los botes. Por orden del fiscal Godoy, fueron trasladados a la Comisaría 18 de Santa Rosa del Aguaray, donde permanecen detenidos con libre comunicación. Todas las evidencias fueron enviadas al Ministerio Público para continuar con la investigación.

En la región del río Ypané, el abigeato es un problema constante. A pesar de los efectivos operativos policiales, este flagelo persiste debido al terreno difícil y el uso de rutas fluviales clandestinas por parte de los delincuentes.

La colaboración entre las fuerzas de seguridad de San Pedro y Concepción es un paso significativo en la lucha contra este grave problema que afecta al sector ganadero.

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En la primera reunión de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que tuvo lugar este jueves, los legisladores resaltaron principalmente dos temas: el presupuesto asignado al IPS y la deuda que este demanda, así como los fondos destinados a la reforma del transporte público de pasajeros.

Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas, inauguró la sesión presentando los principales números del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026. La propuesta del gobierno para 2026 asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), un aumento de G. 15,9 billones (US$ 2.026 millones), lo que representa un 12% más que el presupuesto inicial de 2025.

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Después de su presentación, el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC), presidente de la comisión, inició una ronda de preguntas y respuestas, donde se abordaron temas como el presupuesto del IPS y una deuda de más de US$ 640 millones que esta institución reclama al Estado, además del costo de la reforma del transporte público. Participaron en la discusión las senadoras de la oposición, Yolanda Paredes y Esperanza Martínez, así como el diputado opositor Raúl Benítez.

Respecto al IPS, Fernández Valdovinos destacó su preocupación, indicando que para el próximo año se le asignará un 2,5% más de fondos previamente destinados al Tesoro. Sin embargo, destacó la importancia de mejorar la gestión de estos recursos, argumentando que solo aumentar el presupuesto sin optimizar su uso no será efectivo. Además, mencionó la necesidad de implementar un sistema de seguimiento de medicamentos.

En cuanto a la reforma del transporte público, se indicó que se han asignado US$ 55 millones bajo la figura de subsidio, que podrán emplearse para la reforma o mantener el sistema actual, dependiendo del avance del proyecto. También se mencionó que un monto de US$ 300 millones se ejecutará a lo largo de varios años, evitando concentrar el gasto en un solo periodo.

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