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El informe del Banco Mundial revela que la persistencia de la informalidad laboral no se debe a la falta de voluntad, sino a un sistema de incentivos mal estructurado, donde las leyes tributarias, laborales y de protección social no se integran efectivamente. Una de las principales conclusiones es que los altos costos del empleo formal desmotivan tanto a trabajadores como a empleadores. En muchos países, las contribuciones y los impuestos sobre la nómina superan ampliamente los beneficios del sistema. Las pymes enfrentan elevados costos de contratación y despido, y los trabajadores ven poca diferencia entre integrar o no el sistema formal, especialmente si los servicios públicos son deficientes. Esto crea un círculo vicioso: la informalidad reduce la base tributaria, limitando los recursos del Estado, deteriorando los servicios y aumentando la desconfianza ciudadana.

El análisis también apunta a regulaciones laborales anticuadas que no se adecuan al mercado laboral actual. La falta de actualización de las leyes laborales y los sistemas de seguridad social incrementa la desigualdad entre aquellos con cobertura y los excluidos de ella.

El informe aborda también la sostenibilidad de los sistemas de pensiones ante el envejecimiento poblacional. El Banco Mundial sugiere que América Latina debe revisar las edades de jubilación y los sistemas de aportes para evitar desequilibrios fiscales significativos. De lo contrario, el gasto público en pensiones podría volverse insostenible en el futuro.

Otra preocupación destacada es el aumento del gasto familiar en salud y educación. Frente a la desconfianza en los servicios estatales, muchas familias optan por el sector privado, implicando un esfuerzo financiero considerable.

El informe finaliza con un llamado para redefinir el contrato social en América Latina. No se trata solo de aumentar la recaudación o endurecer las normas laborales, sino de crear un sistema coherente donde las políticas fiscales, laborales y sociales trabajen juntas para fomentar el empleo formal, reducir la desigualdad y mejorar la productividad.

Informalidad en Paraguay

Aunque el Banco Mundial no ofrece un análisis específico de Paraguay, datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) muestran la magnitud del fenómeno. En 2024, el 62,5% de los trabajadores de 15 años o más eran informales, equivalente a 1.552.612 personas, superando el 62,1% de 2023, lo que indica una tendencia estable, pero alta.

La mayoría de los informales se concentran en el sector privado (43%), los trabajadores por cuenta propia (32,6%) y empleados domésticos (13,1%), con menor presencia de empleados públicos y empleadores informales. La informalidad predomina en sectores de menor estabilidad y protección laboral.

En términos de actividad económica, el comercio, restaurantes y hoteles emplean al 37,1% de los informales, seguido por manufacturas (29,8%) y construcción (12,2%), sectores con alta demanda de mano de obra, baja productividad y alta rotación. También destaca el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones (11,8%), mientras que las finanzas, seguros e inmobiliario representan el 4,9%.

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Estos datos muestran que la informalidad sigue siendo una característica estructural del mercado laboral paraguayo, especialmente en actividades de baja escala y poca tecnificación. La alta proporción de trabajadores por cuenta propia y domésticos refleja la falta de oportunidades de empleo formal y brechas en el acceso a la seguridad social.

Más allá de sus implicaciones en términos de cobertura y derechos laborales, la informalidad limita la capacidad del Estado para invertir en políticas de empleo y protección social. El desafío no es solo crear empleos, sino transformar la estructura del empleo hacia la formalidad.

Este documento fue elaborado por MF Economía e Inversiones.

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El 6 de noviembre de 2025, a las 01:47, los vecinos de Isla Bogado, Luque, se manifestaron en contra de la empresa de transporte Línea 19 González Quiñónez S.R.L. Ante el mal servicio prestado, que incluye retrasos y maltratos, denunciaron que solo dos antiguos buses están operativos, a pesar de que la empresa recibe subsidios para veinte unidades. La protesta tuvo lugar frente a una parada principal del barrio, donde los residentes exigieron horarios regulares y mejor trato del personal, criticando también la falta de acción del Ministerio de Transporte.

Edith Báez, una de las manifestantes, dijo que la línea debería cubrir la ruta hasta el Palacio de Justicia, pero solo tiene dos buses operativos en lugar de veinte. Los servicios salen con más de una hora de retraso, afectando especialmente a quienes viajan a Asunción por trabajo. María del Carmen Zayas, otra residente, criticó la falta de control del ministerio y la indiferencia de la empresa, destacando la necesidad del servicio para llegar a tiempo al trabajo.

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Zayas mencionó que ya se presentaron firmas y reclamos formales sin respuesta, señalando la necesidad de permitir que otra empresa se encargue de la ruta. Los vecinos también se quejaron de los abusos en los horarios y pidieron la intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y del Viceministerio de Transporte para asegurar un servicio adecuado. Los manifestantes expresaron sentirse abandonados y reclamaron una solución al problema del transporte.

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El 6 de noviembre de 2025 a la 1:00, el juez penal de Garantías, Humberto Otazú, rechazó las tácticas dilatorias de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), quien es esposa del diputado cartista Esteban Samaniego, así como de otros dos acusados.

El juez decidió no aceptar las excepciones de incompetencia presentadas por Patricia Corvalán, Carlos Aurelio Bareiro Bogarín y Ruht Mercedes Medina. Sin embargo, Andrés Arrúa Brítez, otro de los acusados, apeló la decisión del juez.

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Hasta ahora, trece acusados presentan constantemente obstáculos al proceso para evitar que llegue a juicio oral por un presunto desfalco de G. 1.100 millones. Esta dilación ya lleva once meses desde que el fiscal anticorrupción, Silvio Corbeta, presentó las acusaciones en diciembre de 2024.

El diputado Esteban Samaniego, bajo cuya administración se habría producido el desfalco, aún no ha sido acusado, ya que se protege con sus fueros parlamentarios.

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