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El viernes, el Ministerio Público comunicó que la Fiscalía Adjunta, bajo la dirección de María Soledad Machuca Vidal y especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero, solicitó al Ministerio del Interior, liderado por Enrique Riera, una copia certificada del informe final sobre la intervención en la Municipalidad de Asunción.

Este requerimiento se sustenta en el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 4059/2025 y la Ley Nº 977/1996, dado que el interventor, Carlos Pereira, ya presentó el informe, que podría incluir información relevante para investigaciones penales. Paralelamente, el Ministerio Público está revisando varias denuncias introducidas por el interventor a la Unidad de Delitos Económicos, para discernir si es necesario abrir procedimientos penales.

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Se destacan irregularidades en procesos de habilitación comercial, la prescripción de más de cien actas de intervención sin el debido reporte, y la oferta y venta de puestos públicos, ya bajo investigación de un fiscal. Asimismo, se investiga una posible alteración de datos en los sistemas informáticos municipales relacionados con cambios en metrajes de propiedades, afectando el cobro de impuestos, investigado por la Unidad de Delitos Informáticos.

Estas acciones forman parte del monitoreo institucional del Ministerio Público a los informes de la intervención, asegurando legalidad, transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, según el documento.

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Los líderes de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco entregaron hoy una carta al presidente Santiago Peña, solicitando el regreso de la sede central del Indi a Asunción. La mudanza de la institución hacia las sedes regionales fue decidida por el Ejecutivo a mediados de julio.

La carta, presentada esta mañana en la Presidencia de la República, exige que el Instituto Paraguayo del Indígena vuelva a su ubicación en la capital. La sede, que estaba en la Intendencia Militar sobre la avenida Artigas en el barrio Las Mercedes, fue cerrada.

Los vecinos habían protestado anteriormente para que trasladaran la entidad debido a cuestiones de seguridad relacionadas con la presencia de indígenas.

La organización indígena denunció la falta de políticas públicas efectivas y el desmantelamiento del Indi, un organismo clave para su protección.

Durante la entrega de la carta, Martín Rojas de CLIBcH insistió en el cumplimiento del artículo 29 de la Ley 904/81, que garantiza la presencia del Indi en la capital.

Los trámites realizados ante el Indi suelen incluir solicitudes de tierras, viviendas, alimentación y cédulas para adultos mayores. Además, es necesario realizar gestiones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Educación y Ciencias en Asunción, lo que hace más conveniente tener la sede del Indi en la capital.

Los líderes también criticaron a Juan Ramón Benegas, presidente del Indi, por no cumplir con un acuerdo para establecer una nueva sede en Asunción. Acusaron a Benegas de iniciar la construcción de una sede en Yhú por más de G. 3.000 millones.

Finalmente, los pueblos indígenas advirtieron que continuarán movilizados para defender sus derechos y exigir la reapertura de la oficina central del Indi en Asunción y la reactivación de servicios.

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