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El 4 de noviembre de 2025, los senadores Rafael Filizzola y Éver Villalba propusieron una ley que reconoce la desaparición forzada durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Su objetivo es cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia y reparar una deuda histórica con las víctimas del régimen.

El lunes, Rafael Filizzola anunció en la red social X (antes Twitter) que él y Éver Villalba presentaron el proyecto de ley para reconocer y declarar la desaparición forzada de personas por el Estado paraguayo durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

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Filizzola señaló que la propuesta busca «saldar una deuda histórica con las cientos de personas desaparecidas bajo el régimen» y obedece a las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia, que en su informe final pidió al Estado paraguayo aceptar su responsabilidad en los crímenes cometidos entre 1954 y 1989.

«La verdad es esencial para la justicia, y sin justicia no hay democracia», escribió el legislador.

El proyecto fue presentado el 3 de noviembre, una fecha conocida entre los seguidores de Stroessner como «fecha feliz» en honor al cumpleaños del exdictador, quien gobernó con mano dura durante más de 35 años.

Si se aprueba, la ley significaría un reconocimiento oficial por parte del Estado paraguayo a las víctimas de la desaparición forzada, uno de los crímenes más atroces documentados en ese período.

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La comisión del Senado, en una reunión reservada, convocó al ministro del Interior, Enrique Riera, y a Jorge Ramón Román Vallejos, presidente de la Asociación Paraguaya de Poligrafía, con el fin de resolver las dudas sobre el uso del polígrafo debido a la falta de reglamentación de la norma.

El senador Rafael Filizzola expresó su preocupación por lo que considera una manipulación en los concursos para ascensos policiales, donde el polígrafo habría dejado fuera al mejor egresado de su promoción, beneficiando a personas con antecedentes cuestionables. Destacó que hay un caso concreto donde el mejor egresado fue excluido, mientras se promueven personas con antecedentes dudosos, sugiriendo maniobras para favorecer a ciertas personas y perjudicar a otras valiosas.

Filizzola comentó que los poligrafistas de la policía no participan en el proceso y que las máquinas utilizadas podrían estar obsoletas. También señaló que se recurriría a poligrafistas de origen militar, lo cual consideró inapropiado, dado que hay especialistas en la institución policial.

El legislador enfatizó que el polígrafo no es infalible y que ningún país lo considera determinante para ascensos en las fuerzas de seguridad, siendo solo una prueba entre muchas. También cuestionó la falta de reglamentación y transparencia, ya que los resultados no se comunican a los afectados ni hay un mecanismo de apelación.

El ministro Riera fue citado previamente por la comisión, pero no compareció, lo que llevó a suspender la sesión. Filizzola afirmó que el Senado no debería tratar los ascensos si las dudas no se aclaran. Presentaron un cuestionario al ministro sobre la reglamentación del polígrafo, el estado de los equipos, la capacitación y los procedimientos.

El senador Natalicio Chase comentó que la ley, aunque sin reglamentar, sigue vigente y debe aplicarse hasta que se modifique. Confirmó que se está trabajando en cambiar el artículo sobre el uso del polígrafo para que sea más claro y ajustado a las garantías constitucionales.

La comparecencia de Riera y la APYP es clave para definir la situación. Filizzola advirtió que, si no se aclaran las irregularidades, el Senado no debe aprobar los ascensos, ya que promueve a quienes tienen antecedentes y castiga a los mejores, afectando la moral policial.

La reunión será crucial para esclarecer el uso del polígrafo en los ascensos policiales y verificar si se ajusta a la legalidad y a la transparencia institucional.

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La bancada de Cruzada Nacional solicitó un informe al Poder Ejecutivo, dirigido al Ministerio del Interior, para aclarar los motivos, alcances y regulaciones del uso del polígrafo en la Policía Nacional. El proyecto de resolución, presentado por los senadores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Walter Kobilansky, será tratado en la sesión de mañana de la Cámara de Senadores, programada para las 9:00.

El documento solicita al Ejecutivo detalles sobre los actos administrativos que autorizan el uso de esta herramienta en evaluaciones y ascensos del personal policial. Los legisladores desean conocer la norma que regula su aplicación, incluyendo fecha y texto completo, y qué disposiciones internas (manuales, protocolos) existen.

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También se consulta si el polígrafo se usa solo en ascensos o también en investigaciones internas, selección o control disciplinario. Además, buscan saber qué porcentaje del puntaje final en los ascensos depende del polígrafo, incluyendo la fórmula de cálculo.

El pedido también pretende esclarecer los aspectos operativos y financieros del sistema. Por ello, los senadores solicitan identificar a las empresas proveedoras de equipos, detallando la cantidad y características de los aparatos disponibles.

Además, requieren información sobre los operadores, especificando si son parte del cuerpo policial o contratados externamente. Se pide también confirmar si los funcionarios sometidos dan su consentimiento y qué mecanismos existen para proteger su confidencialidad y datos personales.

Respecto al presupuesto, se solicita al Ministerio del Interior un desglose del monto invertido en compra, mantenimiento, software y capacitación desde la implementación del polígrafo hasta la fecha, detallado por año.

El objetivo del proyecto es garantizar la transparencia en los procesos internos de la Policía Nacional y asegurar que el uso del polígrafo sea conforme a criterios legales, éticos y técnicos. Este tema será discutido en el Senado en el orden del día, donde se espera la opinión del oficialismo y la respuesta del Ministerio del Interior.

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